Año con año va en crecimiento la población penitenciaria de Jalisco y del país, pero se da en un contexto de riesgos de violaciones a derechos humanos, ya que la cantidad de espacios no crece en manera proporcional y se tiene en abandono al personal laboral de estos lugares, concluyó una revisión hecha por Causa en Común.

La organización publicó esta semana su informe ‘Inseguridad, injusticia, instituciones rotas: el caso de los penales’, en el que muestra las deficiencias que hay en los centros penitenciarios federales y estatales de todo el país, incluso las discrepancias en las cifras.

En el caso de Jalisco, encontró de entrada una discrepancia en la información, ya que vía transparencia el estado reportó contar con un centro penitenciario más de los que aparecen listados en el cuaderno mensual de información penitenciaria del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), por lo que las cifras no cuadran y desde ahí complica su revisión.

Por otro lado, en temas generales que se replican en todos los penales del país, incluidos los de Jalisco, Causa en Común encontró precariedad laboral; personal penitenciario sin prestaciones, con jornadas largas y con sobrecarga de trabajo, entre otros problemas.

“La falta de un modelo nacional de desarrollo penitenciario, la precariedad de las condiciones laborales del personal custodio, el uso expansivo de la prisión preventiva, la creciente sobrepoblación, y las deficientes condiciones de internamiento han dado lugar a instituciones incapaces de cumplir con los objetivos de reinserción social que establece la Constitución”.

NTR publicó en marzo de este año que personal custodio de Puente Grande acusó violaciones a derechos laborales, precisamente porque se les obliga a trabajar horas extra sin paga y se les envía a otros centros penitenciarios, en ocasiones, sin cubrir los gastos. En esa ocasión se exigió la contratación de 600 custodios más ante la sobrecarga laboral.

Causa en Común mencionó que los problemas encontrados, entre los que también destaca la violencia, provocan que “los centros penitenciarios se han convertido en el destino final de las fallas acumuladas de policías y fiscalías, y concentran las debilidades y las deformidades del Estado que impiden procurar seguridad, justicia y respeto a los derechos humanos”.

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