La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de 25 personas físicas y 15 empresas relacionadas con proveedores electorales, luego de detectar operaciones financieras con elementos de riesgo que deberán ser investigados por las autoridades competentes.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, como resultado de sus análisis financieros, incorporó a los 40 involucrados a la Lista de Personas Bloqueadas y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue los hechos y determine si existen responsabilidades.

Entre las personas relacionadas con estas operaciones está Guadalupe Taddei, quien renunció recientemente a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de señalamientos por posibles irregularidades en la asignación de contratos a empresas proveedoras del organismo.

Hacienda precisó que el bloqueo de cuentas constituye una medida preventiva y administrativa, por lo que no representa una determinación definitiva de responsabilidad. También señaló que las personas involucradas cuentan con mecanismos de defensa y garantía de audiencia, conforme a la legislación vigente y en respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.

Esta medida se conoce después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportara irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público del INE y anunciara una auditoría integral al organismo y a los Organismos Públicos Locales Electorales.

La ASF explicó que, a partir de trabajos de inteligencia y del análisis de información solicitada a las entidades federativas, detectó posibles anomalías en el manejo de recursos públicos, así como reportes sobre conflictos de interés en procesos de licitación y contratación.

Entre los casos bajo escrutinio se encuentran contratos otorgados a empresas vinculadas con José Alfredo Hernández, empresario señalado por sus relaciones con integrantes de la familia de Guadalupe Taddei.

La UIF señaló que mantendrá las acciones de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como la coordinación con las autoridades encargadas de las investigaciones.

GR