El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta la crisis de credibilidad y confianza más severa de su historia tras la proliferación de escándalos por corrupción, contratos dirigidos y opacidad en su nómina, destruyendo la disciplina financiera con la que operó el organismo durante décadas, advirtió Leonardo Valdés Zurita, exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE).
El especialista en materia electoral lamentó que las irregularidades de la reciente gestión hayan servido para alimentar la narrativa política que descalifica el costo de la democracia en México, lo que ya derivó en intenciones para asestar un recorte presupuestal de 5 mil millones de pesos al INE para el 2027.
Valdés Zurita alertó que el impacto directo de este quiebre se reflejará en la apatía ciudadana para participar durante las próximas elecciones y en el colapso del prestigio internacional que al arbitraje mexicano le tomó décadas construir.
Respecto a los anuncios sobre auditorías a las gestiones presentes y pasadas del INE e IFE, el exconsejero sostuvo que en los periodos anteriores no se encontrará anomalía alguna, al haber sido sometidos en su momento a revisiones exhaustivas. Sin embargo, catalogó como una irregularidad de origen que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) actúe mediante consigna o instrucciones de la Presidencia de la República.
“Es inusual y constituye una anomalía que la Auditoría Superior, siendo un órgano con autonomía técnica, parezca reaccionar por encomienda de la presidenta”, puntualizó el académico.
El expresidente del IFE reprochó la estrategia de Morena al intentar trasladar la responsabilidad de la crisis a las administraciones anteriores, eludiendo asumir que el deterioro actual proviene de los perfiles que ellos impulsaron para encabezar el Consejo General.
Valdés Zurita denunció la "perversión narrativa" orientada a sembrar sospechas sobre gestiones pasadas para justificar la corrupción institucional. Finalmente, garantizó que su administración entregó cuentas claras y desafió a las autoridades a revisar de fondo su periodo al frente del órgano electoral, con la certeza de que no hallarán anomalías financieras.
