La digitalización de trámites, las dificultades para utilizar el transporte público y la falta de atención especializada son algunos de los obstáculos que enfrentan las personas adultas mayores en Jalisco, señalaron participantes del segundo Foro de Discusión y Análisis Adultos Mayores, Derechos Humanos y Políticas Públicas, realizado en el Congreso del Estado. 

Durante el encuentro, la diputada de Futuro Tonantzin Cárdenas Méndez planteó la necesidad de revisar si las ciudades, la infraestructura y los presupuestos públicos consideran las necesidades de esta población. Advirtió que la digitalización de los servicios puede limitar el acceso a programas y trámites cuando no existen alternativas de atención presencial. 

En su intervención en el panel, la especialista Sandra Azucena Ordaz Briseño señaló que los programas de salud, activación física, apoyos económicos e inclusión laboral todavía requieren ajustes para responder a las distintas necesidades de las personas mayores. Desde su experiencia como persona con discapacidad, expuso que las condiciones de las calles y del transporte público pueden dificultar sus traslados, incluso al subir o bajar de una unidad. 

Entre las propuestas discutidas estuvieron capacitar al personal de las instituciones públicas que atiende a esta población, fortalecer la salud preventiva en las comunidades, ampliar el acceso a cuidados paliativos e incorporar más profesionales de gerontología en las instituciones públicas. 

También se planteó respaldar a los grupos comunitarios en tareas de coordinación y administración de recursos, además de cuestionar los prejuicios que relacionan la vejez con la enfermedad o la improductividad.  

Los participantes señalaron que las políticas públicas deben diseñarse a partir de las experiencias y necesidades expresadas por las propias personas adultas mayores. 

El foro dio continuidad a la mesa de trabajo del 11 de agosto, tras la cual la diputada presentó una iniciativa para crear una comisión de personas adultas mayores permanente en el Congreso, a fin de que se encargue de dictaminar asuntos relacionados con sus derechos y dar seguimiento a las políticas públicas dirigidas a esta población. 

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