En octubre, la crisis de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) fue insostenible. En respuesta, el gobierno de Jalisco cerró las compuertas de la Presa Las Pintas tras identificar que el líquido que dotaba a la Planta Potabilizadora 1 (PP1) de Miravalle tenía contaminantes que superaban las capacidades de potabilización. Llegaron entonces los tandeos y, ahora, la crisis también incluye desabasto.

Llegar a este escenario llevó años de abandono, omisiones y permisiones de autoridades de los tres niveles de gobierno, pero que se intensificaron durante el sexenio de Enrique Alfaro Ramírez.

Para empezar, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) abandonó sus responsabilidades de monitoreo y mantenimiento en el Sistema Antiguo Chapala-Guadalajara y la red de colectores, mientras que Municipios como Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, San Pedro Tlaquepaque e Ixtlahuacán de los Membrillos autorizaron fraccionamientos sin revisar la capacidad y el estado de los colectores existentes o sin supervisar que los desarrolladores no derramaran directamente a los canales y arroyos. En el caso de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), tampoco frenó las descargas ilegales en el río Santiago.

El sistema antiguo nace en Ocotlán. Ahí se bombea agua del lago de Chapala por el río Santiago hasta la Presa Corona, en el municipio de Chapala, donde se desvía el caudal concesionado hacia el canal de Atequiza.

Ese primer tramo, el Ocotlán-Presa Corona, circula por el río Santiago, por lo que su monitoreo y supervisión está a cargo de la Conagua, de acuerdo con Josué Daniel Sánchez Tapetillo, integrante del Centro de Ciudades Hidroadaptativas de la Universidad Panamericana (UP). Aun así enfrenta contaminación, principalmente por el sector industrial y el mueblero, pero también por escurrimientos agrícolas, añadió el especialista.

“Ahí la responsabilidad la tiene la Conagua y ellos tienen que estar pendientes de localizar estas descargas y, por supuesto, clausurarlas y sancionar a los responsables. En este tramo, la contaminación, además de que sí hay descargas urbanas, también hay algunas (…) de industrias ligeras, sobre todo en la zona más cercana a Ocotlán hay algunas fábricas de muebles, pero también hay muchas descargas de origen agrícola, de agroquímicos. Es más difícil de detectar porque llega al río producto de escurrimientos por lluvias o por riego”.

La Conagua, vía transparencia, informó que entre 2019 y julio de 2025 detectó 154 descargas ilegales en el río Santiago, pero sólo sancionó 41. De esos expedientes con sanción, únicamente tres corresponden al tramo Ocotlán-Presa Corona.

La primera sanción en el periodo revisado fue para una empresa de Ocotlán que recibió una multa en 2021. Después, impuso una multa y la suspensión de actividades a una empresa de Poncitlán en 2023, y en ese mismo año, impuso sanciones iguales a otra empresa de Ocotlán. La Conagua no informó los nombres de las compañías y tampoco la cantidad de las multas.

Entre 2024 y julio de 2025 hubo cero sanciones por descargas ilegales en el río Santiago a su paso por los municipios de Ocotlán, Chapala, Poncitlán y Zapotlán del Rey.

ES JURISDICCIÓN DEL SIAPA

Una vez que se deriva el agua en la Presa Corona hacia el canal de Atequiza, el Siapa es el encargado de garantizar que llegue en condiciones aptas para su potabilización hasta la PP1 tras pasar por el canal y la Presa Las Pintas. Por lo tanto, es el ente que debe detectar y clausurar las descargas ilegales.

“A partir de ahí (Presa Corona) ya es responsabilidad del Siapa, lo dice su reglamento orgánico. Muy claramente establece que es responsabilidad de la Subdirección de Abastecimiento del organismo la vigilancia, la operación y mantenimiento de esta infraestructura que lleva el agua por el Sistema Antiguo de Chapala a la Planta Potabilizadora 1. No puede el Siapa evadir esta responsabilidad”, dijo Sánchez Tapetillo.

Añadió que, tras una revisión propia, es precisamente en los canales de Atequiza y Las Pintas donde se presenta la mayor cantidad de descargas urbanas que contaminan el agua.

El Siapa, por su parte, se contradice. Por un lado, vía transparencia el organismo dijo que la competencia de detectar y sancionar las descargas ilegales en el canal y la Presa Las Pintas es competencia de Conagua, pero por otro, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) le informó a inicios de este año que sí tiene bajo su responsabilidad el mantenimiento del canal y la presa, según se puede leer en la recomendación 10/26. En ese entonces dijo haber detectado descargas de drenaje urbano de fraccionamientos de Tlaquepaque y Tlajomulco.

Más recientemente, la única información disponible al respecto es la que ha difundido el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien reveló el hallazgo de 150 descargas detectadas desde que explotó la nueva crisis; sin embargo, se desconoce de qué tipo son, si hubo sanciones, de cuánto y a quién, y si ya no siguen operando.

Adicionalmente, Protección Civil de San Pedro Tlaquepaque sí ha detectado varias descargas ilegales. El director del área, Luis Enrique Mederos Flores, dijo en entrevista con NTR que se realizan inspecciones en diversos canales que derivan en la Presa Las Pintas, el arroyo Seco y otros puntos más.

Tras esos trabajos de inspección, el Municipio encontró el año pasado 15 descargas de drenaje y este año lleva seis adicionales. Añadió que, dentro de su competencia, Protección Civil documenta los derrames de aguas residuales y deriva la información a la Sindicatura, instancia que se encarga de interponer las denuncias correspondientes; sin embargo, su área no investiga la fuente ni tiene facultades para clausurar.

“Estas descargas son de agua residual con tubos de 12, 14 y 24 pulgadas colocados sobre los arroyos. Se hace la verificación, la inspección, el llenado del documento de riesgo y se notifica a la Sindicatura”, dijo.

Sánchez Tapetillo coincidió en que en los canales de Atequiza y Las Pintas, además de los arroyos de la cuenca, el crecimiento inmobiliario acelerado y desordenado fue el que acentuó la contaminación. A los Municipios, añadió, se les hizo fácil dar autorizaciones para conectarse a los colectores o para construir vivienda sin garantizar que había infraestructura suficiente para soportar el nuevo drenaje.

“Es responsabilidad de los Municipios que han tolerado, que han permitido y autorizado fraccionamientos y urbanizaciones de tipo industrial sin contar la debida infraestructura para evitar descargar en el canal”.

Explicó que a estos canales llega el agua de los arroyos de la cuenca, pero con la urbanización estos afluentes se convirtieron en drenajes urbanos. Así, el problema se acrecentó por años hasta explotar en 2026.

No obstante, Sánchez Tapetillo puntualizó que detectar las descargas ilegales no es complejo, ya que a la orilla de los canales hay un camino para automóviles que permite recorrer toda la infraestructura en auto o incluso caminando, lo que deja ver en qué zonas hay tubos de descarga.

COLECTORES: EN ABANDONO E INSUFICIENTES

Como solución a la contaminación en la cuenca se prevé la construcción de colectores. Uno de ellos es el de Las Juntas, en El Salto. Según los documentos del Plan Integral del Agua, entregado al Congreso de Jalisco este año, esta infraestructura servirá para que las colonias La Huizachera, San Clemente, Ojo de Agua, Centro, Pacífico, Santa Rosa del Valle, Juan de la Barrera, Paraíso, La Capilla y Vista Hermosa, ubicadas en El Salto, Tlaquepaque y Tlajomulco, dejen de contaminar el canal de Las Pintas.

Otro es el colector Villa Fontana, en Tlajomulco de Zúñiga, obra con la que se pretende evitar que las colonias La Sauceda, Villa Fontana Aqua y Santa Cruz del Valle sigan contaminando el arroyo Seco y el canal Las Pintas.

Adicionalmente, se incluyen otros colectores que recibirán mantenimiento. En los documentos referidos el gobierno de Jalisco reconoce un abandono de 20 años en esta infraestructura, a lo que funcionarios de la administración estatal añadieron que la falta de mantenimiento y vigilancia provocó azolves, pero también daño, pues se permitió a empresas inmobiliarias conectarse sin supervisar cómo lo hacían. En las revisiones recientes encontraron tubos de drenaje obstruyendo prácticamente medio colector.

El abandono se acentuó en la pasada administración de Enrique Alfaro Ramírez como gobernador y Carlos Torres Lugo como director del Siapa, entre otros motivos porque el organismo se quedó sin liquidez para destinar personal y recursos no sólo para dar mantenimiento a los colectores, sino también a los mantenimientos ordinarios como los de Semana Santa, lo que impactó de manera negativa en la capacidad para potabilizar agua en la PP1.

EL DINERO SE IRÍA AL DRENAJE

Ahora, rehabilitar los colectores abandonados y construir nuevos costará al menos 136 millones de pesos (mdp) en este año, según los documentos del Plan Integral del Agua.

El especialista Sánchez Tapetillo consideró que esta infraestructura, más los desazolves realizados en el canal y la Presa Las Pintas son urgentes; sin embargo, advirtió que servirán de poco si no se frenan las descargas ilegales en su totalidad.

Por ello, apuntó, deben reactivarse las labores de vigilancia y supervisión de manera permanente, debe existir una coordinación entre el Siapa y los Municipios para determinar la viabilidad de dar nuevos permisos de urbanización, y se deben frenar las descargas industriales, así como trabajar con los agricultores para reducir el impacto de las escorrentías.

Ya se tienen antecedentes de cómo el dinero público no tiene efectos a largo plazo por la falta de eliminación de las fuentes de contaminación. A inicios de 2026, el gobierno de Jalisco gastó 23 mdp en acciones de desazolve en la Presa Las Pintas, pero el efecto sólo duró las semanas en las que Guadalajara fue sede mundialista. Ahora, la administración estatal le destina 100 mdp adicionales al retiro de azolve del embalse y el canal, pero si persiste la contaminación, de nuevo, será dinero que se irá con el drenaje.

Sánchez Tapetillo agregó que en el sector agrícola se tienen dos áreas de oportunidad importantes. Por un lado, reducir el consumo de agua subterránea para el riego y, por otro, minimizar el impacto ambiental. Ambas van de la mano.

Describió que la agroindustria carece de procesos eficientes de riego y, además, genera escorrentías que provocan desperdicio de agua y contaminación de los canales y ríos. Por lo tanto, pensar en migrar a un uso de agroquímicos con menor impacto ambiental y en tecnificar el riego puede ayudar a mitigar los problemas. De esa forma se usaría el agua necesaria sin provocar escorrentías por riego y se reduciría la contaminación.

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