La severa crisis de abastecimiento y calidad de agua que enfrenta el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) es el resultado de un modelo histórico de malas decisiones iniciado en la década de los 50, agravado por un "clarísimo conflicto de interés" al integrar a la industria inmobiliaria en la administración del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), advirtió Sergio Gómez Partida, integrante del Consejo Social Científico por el Agua.

El especialista explicó que la toma de decisiones dentro del organismo operador ha estado sujeta a un proceso de "microprivatización", donde se priorizó el beneficio económico de los desarrolladores urbanos mediante la autorización masiva de fraccionamientos, incrementando la presión sobre los colectores y el volumen de descargas residuales sin considerar el impacto ambiental ni los efectos del cambio climático.

Gómez Partida calificó como insostenible que las propias autoridades reconozcan pérdidas de entre el 37 y el 50 por ciento del agua durante su traslado por la red de distribución. Aseveró que, independientemente de las tarifas o inversiones en infraestructura, sostener esos niveles de fuga refleja un esquema de ineficiencia operativa que desperdicia la mitad del recurso captado.

Ante este panorama, el integrante del Consejo Social Científico por el Agua sostuvo que para solucionar de fondo la mala calidad del suministro es indispensable replantear el ciclo hidrosocial de la metrópoli y urgió a la creación de un árbitro o ente regulador autónomo dotado de facultades legales no solo para fiscalizar y solicitar información al organismo operador, sino para sancionar sus omisiones y exigir resultados.

Finalmente, Gómez Partida alertó que, de no concretar esta reestructuración institucional, el crecimiento poblacional y el continuo deterioro del parque de tuberías provocarán que las emergencias por contaminación y desabasto se vuelvan cíclicas e irreversibles en la ciudad.

AL