Dos de los principales funcionarios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco dejaron sus cargos en junio pasado con finiquitos que, en conjunto, sumaron un millón 105 mil pesos brutos. Los pagos a Christian Flores Garza, ex secretario ejecutivo, y Paula Ramírez Höhne, ex presidenta del organismo, presentan dudas sobre su justificación jurídica y administrativa.
Una investigación publicada el 17 de septiembre en NTR documentó que Flores recibió un finiquito de 684 mil 517 pesos brutos. De esa cantidad, 429 mil 835 pesos corresponden a una indemnización de tres meses de salario y 12 días por cada año trabajado.
El funcionario ocupaba un puesto de confianza y su separación se formalizó mediante un convenio de mutuo consentimiento. Sin embargo, el IEPC fundamentó la indemnización en el artículo 680 del Código Electoral de Jalisco. Ese artículo contempla un pago cuando existe una resolución laboral de reinstalación que el organismo se niega a cumplir.
En la documentación entregada, vía solicitud de transparencia, no aparece una resolución de esa naturaleza. Tampoco un dictamen jurídico que explique la aplicación de este artículo a una separación voluntaria.
Además, el cheque por 493 mil pesos netos fue firmado por el propio beneficiario, mientras que el cálculo fue elaborado y validado por funcionarios subordinados a él. ¿No es una irregularidad liquidarse y firmarse un cheque por casi medio millón de pesos?
El segundo caso corresponde a Paula Ramírez, quien recibió 245 mil 504 pesos por 48 días de vacaciones no disfrutadas. La ex presidenta permaneció en el cargo desde octubre de 2021 hasta junio de 2026.
Las vacaciones constituyen un derecho laboral, pero su pago exige acreditar los periodos generados, los días pendientes y si ya los había tomado y pagado. Me llama la atención que una persona con casi cinco años laborados tenga casi siete semanas de vacaciones.
Cuando se solicitó esa documentación, las áreas de Administración y Asuntos Jurídicos reconocieron que no localizaron los documentos requeridos.
Entiendo que la falta de documentación no acredita automáticamente una simulación, pero impide verificar si los 48 días correspondían a una prestación efectivamente adquirida. Busqué al nuevo presidente Ernesto Santana Bracamontes para hacerle algunas preguntas. Todavía sigo esperando.
Ambos casos plantean una misma pregunta: ¿se pagaron derechos laborales o se utilizaron conceptos administrativos para otorgar compensaciones por separación del cargo? ¿Son los únicos casos o tenemos un mecanismo corruptor?
A estas dudas se suma el funcionamiento de la Contraloría General del IEPC.
Le he seguido la pista a este tema. Mediante otra resolución de transparencia, fechada el 5 de noviembre, el instituto me respondió a una solicitud de informes de auditorías internas, observaciones y seguimiento correspondientes al periodo 2022-2025.
Me remitió cuatro informes anuales de gestión y entregó un informe de auditoría, correspondiente a una revisión del portal de transparencia realizada en 2023. En ese documento se identificó deficiencias en la publicación de remuneraciones y prestaciones, resultados de auditorías y procedimientos de responsabilidad administrativa. La Contraloría emitió recomendaciones para corregirlas.
Es decir: desde hace tres años saben que tienen lagunas administrativas en el tema de salarios. Pero no sabemos si las corrigieron. Ahora corresponde a ese mismo órgano investigar los pagos de quienes fueron sus jefes, y luego, establecer quién los autorizó y determinar si existieron responsabilidades.
Alguna vez, en un taller de periodismo de investigación, se nos dijo a los periodistas: “En temas de corrupción, todo mundo deja pistas”. Las que encontramos en el IEPC, ¿bastarán para que el presidente nos dé algunas explicaciones?
BG/I
