La comparecencia del titular de la Fiscalía del Estado (FE), Salvador González de los Santos, ante el Congreso del Estado comenzó una hora después de lo programado luego de que la falta de quórum obligara a posponer la sesión. Ante las ausencias, el presidente de la Mesa Directiva, Enrique Velázquez González, advirtió que los legisladores deberán acreditar las causas de su inasistencia o podrían enfrentar descuentos en su sueldo.
La sesión, parte de la glosa del segundo Informe de Gobierno de Pablo Lemus Navarro, estaba convocada para las 9 de la mañana, pero sólo se presentaron 16 legisladores, por debajo de los 20 necesarios para iniciar. Una hora después se reunió el número requerido para recibir al fiscal como parte de la glosa del segundo Informe de Gobierno de Pablo Lemus Navarro.
Velázquez González rechazó adelantar justificaciones para quienes no acudieron y señaló que los legisladores tendrán que presentar los comprobantes correspondientes para acreditar una causa legal de ausencia.
“Me parece que es pertinente que podamos tener seriedad en las convocatorias, sobre todo porque también involucramos a funcionarios que tienen tareas muy importantes que hacer y sobre todo en temas de seguridad”, señaló.
El legislador hizo un llamado a sus compañeros para cumplir con sus obligaciones y advirtió que la presidencia de la Mesa Directiva revisará los justificantes que presenten.
No es la primera vez que la falta de asistencia interfiere con las comparecencias de la glosa. El año pasado, la ausencia de legisladores impidió recibir a la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), Fabiola Loya Hernández, por lo que el ejercicio tuvo que reprogramarse.
A estas faltas se suma una práctica que también ha sido señalada por anteriores presidentes del Congreso: diputados que registran su asistencia en el tablero electrónico, pero posteriormente abandonan el recinto, aunque su presencia ya haya quedado contabilizada.
LAS 22 AUSENCIAS QUE RETRASON LA CITA
De Movimiento Ciudadano (MC) faltó Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Omar Enrique Cervantes Rivera, Alejandra Margarita Giadans Valenzuela, Ana Fernanda Hernández Sanmiguel, Mónica Paola Magaña Mendoza, Montserrat Pérez Cisneros y José Luis Tostado Bastidas, mientras que de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no fueron Marta Estela Arizmendi Fombona, Miguel De La Rosa Figueroa, Norma López Ramírez y Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias.
De Acción Nacional (PAN) faltó Isaías Cortés Berumen, Julio César Hurtado Luna y Claudia Murguía Torres; del Partido Verde Ecologista de México (PVEM): Alberto Alfaro García, Yussara Elizabeth Canales González y Brenda Guadalupe Carrera García; del Revolucionario Institucional (PRI), María del Refugio Camarena Jáuregui, Alondra Getsemany Fausto de León y José Aurelio Fonseca Olivares; de Hagamos, Valeria Guadalupe Ávila Gutiérrez, y del Partido del Trabajo (PT), Sergio Miguel Martín Castellanos.
Por omisiones en el caso del Rancho Izaguirre, falta de resultados sobre la infiltración del crimen organizado y las detenciones durante la megamarcha del 11 de octubre, legisladores señalaron pendientes en la Fiscalía de Jalisco durante la comparecencia de su titular, Salvador González de los Santos, quien defendió los resultados de su gestión sin cifras concretas sobre los temas cuestionados.
El fiscal reconoció que hubo omisiones en la preservación del rancho y las evidencias encontradas, y admitió que no se realizaron las gestiones de resguardo ni las inspecciones de campo necesarias. Sobre las responsabilidades de esas faltas, informó que la fiscalía anticorrupción ejercitó acción penal contra servidores públicos y estimó que entre 15 y 20 personas estarían judicializadas. Los expedientes están a la espera de que se fijen las fechas para las audiencias de imputación.
Ante las preguntas sobre cuántos funcionarios han sido investigados o separados por posibles vínculos con grupos delictivos, González de los Santos reconoció que no contaba con esa información y dijo desconocer los resultados de las investigaciones de administraciones anteriores.
Por otro lado, sobre la represión en la megamarcha del 11 de octubre, el fiscal defendió la actuación del Ministerio Público y sostuvo que las determinaciones iniciales se tomaron con base en los informes policiales homologados. Sobre las denuncias de presuntos abusos y tortura, informó que se ha citado a más de 48 posibles víctimas, de las cuales 19 han declarado, además de que se solicitaron videos e informes a distintas dependencias.
En contraste, González reportó una reducción de 31 por ciento en el rezago de carpetas de investigación, así como aumentos en sentencias condenatorias (69 por ciento), cateos (78 por ciento) y acuerdos reparatorios (19 por ciento). También informó incrementos en personas judicializadas (13 por ciento) y órdenes de aprehensión cumplimentadas (15 por ciento).
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