El marco fiscal mexicano atraviesa por un periodo de complejidad técnica y jurídica, donde el endurecimiento de la fiscalización por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) no constituye una persecución ni "terrorismo fiscal", sino una exigencia estricta de cumplimiento para emprendedores y contribuyentes señala la obra El Contador Público frente a los retos del sistema tributario mexicano. Enfoques técnico y jurídico, coordinada por una red de 33 colegios de contadores y autoría del presidente de la Comisión Nacional de Síndicos del Contribuyente, José Luis Martínez Espinoza.
Martínez Espinoza reconoció que, si bien el objetivo institucional es incorporar a la formalidad a quienes operan negocios, la intensidad de los mecanismos de revisión ha incrementado la percepción de presión entre las personas que pagan impuestos.
En el contexto de la implementación de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, el especialista recomendó a la ciudadanía y a los pequeños contribuyentes respaldarse en profesionales de la contaduría, recordando que los colegios ofrecen asesorías y orientaciones gratuitas, debido a la persistente falta de canales de comunicación directa y soporte técnico por parte de las autoridades.
Respecto a las restricciones en el uso de efectivo, el autor apuntó que la legislación aún debe especificar con precisión los sectores comerciales exceptuados de esta medida y contemplar casos de fuerza mayor, como la carencia de infraestructura o conectividad a internet en determinadas regiones, donde cada sector deberá adecuar sus normativas secundarias.
Martínez Espinoza aclaró que las limitaciones a las transacciones en efectivo no implican la creación de nuevos gravámenes fiscales; sin embargo, advirtió que dotarán a la autoridad de una trazabilidad absoluta sobre el flujo de las operaciones financieras.
Asimismo, el contador advirtió sobre el incremento en los costos operativos para los negocios que deban incorporar terminales electrónicas y redes de internet. No obstante, destacó que la ley contempla esquemas de apoyo y acompañamiento a través de entidades financieras, las cuales tendrán la obligación legal de instrumentar mecanismos suficientes para garantizar la seguridad informática y patrimonial de los establecimientos comerciales.
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