El pasado 6 de noviembre se entregó al Congreso de Jalisco el segundo Informe de Gobierno de Pablo Lemus, documento que da cuenta del estado que guarda la administración pública estatal. Después de su presentación –que no contó con un mensaje público del gobernador– el Poder Legislativo inició la glosa con las comparecencias de los titulares de las dependencias para ampliar la explicación y responder ante la representación popular. En materia de seguridad, las desapariciones, el reclutamiento y las omisiones en el Rancho Izaguirre estuvieron entre los asuntos planteados por las y los legisladores durante las comparecencias.
En los datos del informe persiste la inercia de presentar supuestos avances mediante cifras confusas, sin afrontar la grave problemática que constituye la desaparición en nuestra entidad. Por ejemplo, en la página 406 del informe se registran 2 mil 458 desapariciones ocurridas y reportadas entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, una disminución de 10.46 por ciento respecto del periodo anterior, pero en la página 412 se presenta una reducción de 59.39 por ciento, al pasar de mil 534 denuncias a 623 casos en los registros de la vicefiscalía.
El académico Jorge Ramírez Plascencia, quien da seguimiento estadístico riguroso a la problemática, identifica inconsistencias entre el informe y el Registro Estatal de Personas Desaparecidas: las personas localizadas pasaron de mil 945 a mil 646, su proporción cayó de aproximadamente 71 por ciento a 67 y los registros con carpeta de investigación disminuyeron de mil 787 a 813.
Por su parte, el doctor Víctor Manuel González Romero documenta que, al cierre de octubre de 2026, el registro estatal acumulaba 16 mil 265 personas sin localizar, que solo una tercera parte de los casos reportados entre enero y octubre tenía carpeta asociada y que, durante octubre, únicamente uno de cada 11 registros incorporados al estatal se reflejó en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Es injustificable mantener casos sin carpeta de investigación, pues las disposiciones vigentes obligan a iniciarla de inmediato ante cualquier reporte, denuncia o noticia de desaparición, así como a incorporar sin dilación la información al Rnpdno y mantenerla actualizada. El Protocolo Homologado contempla cotejos con otras bases de datos para obtener indicios sobre el paradero de las personas, mientras que la Alerta Nacional articula la difusión de fichas y la coordinación entre autoridades federales y locales; por ello, los registros incompletos o tardíos afectan el funcionamiento de estos mecanismos y en la práctica están negando el derecho de toda persona a ser buscada.
En el informe ya se reconoce la captación mediante falsas ofertas de empleo, pero los casos persisten sin que las acciones presentadas como avances permitan advertir una estrategia integral para prevenir el reclutamiento forzado, investigar y desarticular las redes que contactan, trasladan y retienen a los jóvenes. Buscar trabajo para continuar estudiando o apoyar a la familia es una necesidad; aceptar una oferta laboral no implica voluntad de incorporarse a actividades ilícitas. La precariedad y la falta de oportunidades seguras requieren políticas de protección y empleo digno, además de investigaciones que impidan que estas redes sigan operando en la mayor impunidad.
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