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La mayoría de las normativas en materia de transparencia de los Municipios fuera de la metrópoli permanece desactualizada desde hace varias administraciones, pese a que la ley los obliga a armonizar.
En los últimos años, a nivel nacional se han aprobado nuevas reglamentaciones en la materia que obligan a los ayuntamientos de todo el país a reformar sus leyes para adecuarlas a las nuevas normativas; no obstante, la mayoría de los Municipios fuera de la zona metropolitana continúa aplicando los reglamentos de hace 15 años.
Otoniel Varas de Valdez González, secretario relator del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (Itei), reveló que para las autoridades municipales no es relevante cambiar su normatividad, pero al aplicarla evidencian la desactualización de los reglamentos que ya no son utilizables e incluso son contradictorios.
“Muchos ayuntamientos, su normatividad municipal, sobre todo los reglamentos municipales, siguen trabajando con sus reglamentos como se los dejaron hace tres, cuatro, cinco administraciones. La mayoría de las veces en esa interpretación o saber cuál normatividad utilizan perjudican al ciudadano. El hecho de que no armonicen su ley o reglamento municipal genera contradicción en las leyes”, apuntó.
Advirtió que los Municipios están obligados a armonizar su reglamento municipal de transparencia con la ley recién aprobada, con la ley general e incluso con la propia Constitución; sin embargo, la mayoría no lo hace y quienes sí cumplen con esta obligación lo hacen mal y aprovechan la falta de revisión del Itei para favorecerse.
Tal es el caso de Tonalá, Municipio que respondió una solicitud de transparencia en 30 días pese a que la ley lo obliga a responder en un plazo de cinco días hábiles. Al ser notificado de una sanción por parte del Itei a consecuencia de la tardanza, justificó que su reglamento municipal le otorga 60 días y respondió dentro del plazo.
“La mayoría son ayuntamientos foráneos, hay varias capacitaciones regionales donde se les capacita en torno a qué es lo que tienen que modificar, en este caso el reglamento propio. Si no tienen reglamento, hay un reglamento marco para que se aplique y el instituto provee las medidas necesarias para que cumplan. Son bastantes sujetos obligados que trabajan con el reglamento marco”, dijo.
Otro de los temas a los que se enfrentan los solicitantes, agregó, es la falta de claridad en los reglamentos para ser aplicados, así como la negativa dolosa a entregar la información.
Detalló que negarse a entregar la información con intencionalidad es recurrente en Municipios de la zona metropolitana, los cuales aunque conocen bien la ley y la han armonizado, se niegan a entregar la información para evitar que salga a luz, incluso clasificándola como reservada.
“Lo vemos en todo el estado, lo que ocurre al interior del estado es que a veces no entregan por desconocimiento o porque siguen aplicando su primera ley de transparencia, y en zona metropolitana ocurre algo diferente, conocen la ley, la aplican, hacen proyectos para mejorarla o adecuarla, y se niega la información por otras razones, con intencionalidad”, expuso.
De Valdez González aseguró que la negación de información con intencionalidad es muy recurrente, pues incluso se han detectado casos en los que el sujeto obligado clasifica la información hasta de nombramientos para evitar perder juicios laborales.
DN/I