Inseguridad e impunidad

Durante muchos años nuestra sociedad le dejó a la clase política la labor de diseñar e implementar la estrategia de seguridad pública que considerara más adecuada. Los resultados están a la vista: un secretario del gobierno del estado de Jalisco, Luis Carlos Nájera, que en algún momento tuvo a su cargo combatir la delincuencia, ahora sufrió un atentado por motivos que desconoce la población, y que dejó como saldo a varias personas heridas y a otras muertas, entre ellas un bebé de 8 meses de edad.

Como comenta mi colega Jesús Rivera, con muy pocas excepciones la sociedad civil, la academia y la iniciativa privada asumieron que su papel en el combate a la delincuencia y el mantenimiento de la paz social en nuestro estado consistía simplemente en respaldar lo que propusiera el gobierno.

Y fue así que Aristóteles Sandoval aceptó la solicitud de Nájera, y con el respaldo del Congreso de Jalisco, incluyendo a los partidos de oposición, creó la quimera que es hoy la Fiscalía General del Estado, que ha demostrado ser una organización incapaz de resolver, o por lo menos contener, el grave problema de la inseguridad pública que padecemos desde hace años, y que se manifiesta principalmente en una alta tasa de homicidios, feminicidios y desaparición de personas.

Está claro a estas alturas que el gobierno de Jalisco y los ayuntamientos, especialmente los de los municipios rurales, han sido rebasados por la delincuencia, organizada o no. No existe la posibilidad de que mantengan a salvo ni a los agentes gubernamentales ni a la población. Ante este panorama, ¿qué podemos hacer?

La gobernanza es la herramienta que se requiere cuando un problema desborda la capacidad de cada actor social en lo individual, como ya lo he comentado en otras ocasiones en este mismo espacio. Dicha herramienta no se puede utilizar por decreto, no es algo que depende exclusivamente de la voluntad del gobernante en turno, sino de la convicción compartida por varios actores sociales de que es necesario enfrentar de manera coordinada una situación sumamente problemática, y por lo mismo están dispuestos a aportar los recursos que cada uno tiene a su disposición.

En ese sentido, considero que la violencia y la impunidad en Jalisco parecen estar llegando a un punto en el que lo más conveniente será disponernos a dialogar para construir los mecanismos que nos permitan asegurar la gobernanza de la paz para nuestro estado, pero no cualquier paz, sino una paz justa y digna, una paz, imperfecta, sí, pero que asegure las condiciones para reducir lo más posible la impunidad, y, especialmente, que ponga el énfasis en la protección de las personas y la reparación del daño que hayan sufrido.

No tengo la receta para lograr esto, sólo tengo claro que a casi nadie le conviene que la violencia y la impunidad sigan creciendo. Por eso propongo apostar por construir una gobernanza de paz justa y digna, lo que implicará que comencemos a construir acuerdos. Lo primero que habría que acordar es una metodología para hacer un diagnóstico claro de nuestra situación. ¿Qué es lo que propició tanta violencia e impunidad? ¿Son la violencia e impunidad causa o consecuencia de otros problemas? ¿Quiénes se han beneficiado de esto, y tienen la capacidad para hacer que las cosas se mantengan igual? ¿Qué podemos hacer para remediarlo?

Plantear esto en tiempos electorales es complejo, pero pienso que ya es hora de que la sociedad civil, la iniciativa privada y la academia empecemos a trabajar, y que le guardemos su lugar a la clase política para que se incorpore cuando se defina quién ganó la competencia electoral.

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@albayardo

JJ/I