Designaciones dignas en el Supremo Tribunal

No se puede amar lo que no se conoce ni defender lo que no se ama. Esta frase me viene a la mente al tratar de comprender por qué no hay una mayor movilización de la ciudadanía para lograr que en los diversos puestos públicos que le corresponde designar al Congreso de Jalisco queden las personas con el perfil más idóneo.

Esto lo comento porque en estos días se designará a siete personas para ocupar las respectivas vacantes en el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, que es la máxima instancia del Poder Judicial en nuestro estado, pero ¿qué significa eso para la mayoría de la gente? ¿Qué relación tiene ese tribunal con los problemas que enfrenta en su día a día?

Por lo pronto, le puedo comentar que, conforme a la Constitución de Jalisco, al Supremo Tribunal de Justicia le corresponde, entre otros asuntos, atender todas las controversias jurisdiccionales del orden penal, civil, laboral, de lo familiar y mercantil. Es decir, si usted ha tenido que ir a un juicio para resolver un problema en alguno de esos temas, pero la solución que se le dio en el primer juzgado al que acudió no le satisfizo, puede reclamar y pedir que se revise el juicio. Pero, si en esa revisión, la otra parte es la que ahora está inconforme, entonces pude pedir a su vez una revisión de la revisión.

En fin, como los procesos de revisión del trabajo de los tribunales no pueden irse hasta el infinito, en Jalisco la última palabra la tiene el Supremo Tribunal, que decide de manera definitiva quién tiene la razón.

Ahora bien, sabiendo lo complicado que es resolver asuntos judiciales, es normal que mucha gente prefiera no involucrarse en uno, y por lo mismo no se sepa mucho del tema, y se les delegue todo a los abogados que se puedan contratar. Tal vez esto explique por qué el tema al que me refiero solo sea de interés para los políticos, abogados y unas cuentas personas que queremos que esos lugares los ocupen personas dignas, pero no sea de interés general.

Si a eso le agregamos que hace algunas semanas el presidente del Partido Acción Nacional hizo público y evidente lo que era un secreto a voces, que los actores políticos se reparten los puestos públicos como si fueran fichas de dominó, que cada uno utiliza según le convenga, sin tomar en cuenta lo que la población necesita, es claro que hay motivos para considerar que todo eso está podrido, y no vale la pena atenderlo.

La cuestión es que esa actitud es justamente la que más le conviene a quienes hasta ahora se han venido beneficiando de esta manera de proceder. Durante décadas nos hemos desentendido del asunto, y les hemos ido dejando el campo libre. Lo curioso es que, en el sexenio pasado, tanto en el orden federal como en el estatal, la ciudadanía decidió ponerle un alto a los que hacían eso, y se comenzaron a hacer correcciones, y el fruto de eso fueron los sistemas anticorrupción.

Pero como uno nunca sabe para quién trabaja, resulta que esos avances institucionales fueron aprovechados para impulsar las candidaturas de quienes ahora nos gobiernan, con el pretexto de que había que acabar con la corrupción, y una vez que ganaron la elección, se han dedicado a desmontar el sistema, y de paso a desmoralizar a quienes impulsaron esos cambios, para que les dejen hacer lo que quieran, como antes.

La pregunta es ¿hasta cuándo vamos a permitir que esto siga ocurriendo? ¿Cuándo vamos a volver a marcarle el alto a quienes abusan del poder que les hemos delegado? ¿Cuándo vamos a volver a interesarnos por conocer y defender esas instituciones públicas que tantos servicios y tantos derechos nos pueden garantizar?

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