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Monseñor
El incumplimiento de al menos seis obligaciones que asumió con el gobierno de Guadalajara desde 2005 no ha tenido consecuencias para Caabsa, la empresa concesionaria de la recolección y disposición final de la basura en la capital jalisciense. Gobiernos municipales de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), cuyos alcaldes incluso han sido gobernadores, consintieron estas fallas por igual.
Dentro del relleno sanitario Laureles, los compromisos de Caabsa que todavía no ha cubierto son dos: operar una planta de tratamiento de lixiviados y habilitar una torre de separación de residuos para valorizar los reciclables, venderlos y seguir invirtiendo en mejorar el vertedero.
De acuerdo con minutas de sesiones entre el ayuntamiento y la empresa de las que NTR tiene copia, la operación de las torres de separación se discutió desde el 20 de octubre de 2010 y la planta de lixiviados el 11 de abril de 2011, cuando el priísta Aristóteles Sandoval Díaz era el alcalde. Fue la entonces secretaria de Medio Ambiente municipal, Magdalena Ruiz Mejía, quien pedía avances de ambos proyectos.
Siete años después, en mayo de 2018, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), a cargo de la propia Ruiz Mejía, contestó por transparencia no tener certeza de que existiera y se trabajara en la planta referida, pues Caabsa no hacía mención de la misma en sus informes periódicos, de manera que el manejo actual de los lixiviados en Laureles es el confinamiento en fosas y evaporación.
Sobre el proyecto de la torre de separación de residuos, la Semadet, en la anterior gestión, informó a este medio que no se realizó.
MATATLÁN, SIN CERRAR
Los otros cuatro acuerdos que incluso tenían fecha límite, pero que tampoco se cumplieron y por los que no se aplicaron sanciones fueron al exterior de Laureles. Uno de ellos era el cierre del vertedero Coyula-Matatlán, también de Guadalajara. Se trata de un sitio en Tonalá que anteriormente era el principal receptor de los residuos urbanos. En teoría, actualmente opera como planta de transferencia, pero en realidad aún alberga basura revuelta que genera problemas sanitarios por los olores y fauna nociva que aloja y afecta a vecinos.
De acuerdo con la minuta de la junta de trabajo entre Guadalajara y Caabsa del 29 de abril de 2005, en el gobierno del panista Emilio González Márquez, la empresa se comprometió a abandonar Matatlán y cerrarlo en 2007 con una inversión de 146.5 millones de pesos, con los que también mejoraría la planta de transferencia 18 de Marzo y construiría una nueva; sin embargo, el vertedero se quedó en la misma ubicación, la cual sigue con disposición de residuos.
Otro incumplimiento que también tenía fecha fue instalar GPS en los camiones recolectores. El 6 de julio de 2010, durante el gobierno de Aristóteles Sandoval, la concesionaria le aseguró al ayuntamiento que 70 por ciento de sus unidades ya contaba con los aparatos de localización, y aunque mes y medio después alegó que tenía problemas con la empresa que le prestaba el servicio, lo que le estaba complicando su funcionamiento, se comprometió a que en noviembre de ese año 100 por ciento de las unidades tendría GPS en operaciones.
Sin embargo, no solo llegó esa fecha sin que hubiera resultados, sino que en mayo de 2019 el pleno de Guadalajara, encabezado por el emecista Ismael del Toro Castro, aprobó instalar una mesa de seguimiento para revisar el avance de los puntos antes mencionados, incluyendo las plantas de transferencia y la instalación de GPS en los camiones, pues en el contrato que refrendó Enrique Alfaro Ramírez en 2016, cuando era alcalde de Guadalajara, también figura ese requisito, pendiente desde 2010.
El quinto incumplimiento recae en no realizar una recolección clasificada de los residuos domiciliarios al menos en las colonias donde ya hay separación de la basura, compromiso que se adquirió el 6 de julio de 2010 junto con la implementación de un programa social para fomentar que la gente separe. Tampoco resultó.
NO LE PAGAN A GDL POR HACER NEGOCIO
Caabsa Eagle hace negocio con el relleno sanitario Laureles a costa del propietario: el Ayuntamiento de Guadalajara. Actualmente la empresa le cobra a Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y El Salto por la disposición de la basura en ese vertedero, pero no le pasa su parte proporcional de ganancias a la capital jalisciense.
En el contrato vigente que firmó el 28 de abril de 2016 el ex alcalde y hoy gobernador de Jalisco con Caabsa para ampliar la concesión del manejo de la basura, se establece que la empresa debe pagar al ayuntamiento 7.50 pesos por tonelada que disponga en Laureles y provenga de otros municipios; sin embargo, según una solicitud de transparencia que respondió el ayuntamiento, no hay registros de que esos pagos se hayan efectuado.
“A pesar de que sí hay una fracción en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018 que se refiere a este concepto, no localizamos ingresos al respecto”, respondió el 28 de mayo del año pasado el entonces enlace de Transparencia de la Dirección de Ingresos de Guadalajara, Víctor Daniel Lemus García.
Aunque el cobro que solicita Guadalajara a Caabsa es de 7.50 pesos por tonelada que ingresa de otros municipios, la empresa cobra a Tlajomulco 629 pesos por tonelada recolectada y depositada en el vertedero Laureles, sin que, de acuerdo con la solicitud de transparencia, se le haya cubierto su parte a la propietaria.
Esta falta de pago es el sexto incumplimiento de la concesionaria en lo que corresponde a los aspectos administrativos del contrato.
A pesar de las inconsistencias, Caabsa tiene trabajo con Guadalajara hasta 2031 y, respecto al inicio de su relación laboral en 1994, ha tenido una mejora económica en su contrato de 135 por ciento.
Inicialmente, el Municipio acordó pagarle 113 pesos por tonelada recolectada más 86 pesos por tonelada depositada en Laureles, dando un total de 199 pesos. Pese a las irregularidades detectadas con el pasar de los años, en 2016 el contrato cambió y la ganancia aumentó al contemplar el índice nacional de precios al consumidor: ahora se le paga 297 por tonelada acopiada más 171 pesos por cada una enviada a Laureles, dando una suma de 468 pesos.
Diariamente, el Municipio genera 2 mil 500 toneladas de basura, lo que significaría el pago de un millón 170 mil pesos al día por este concepto a Caabsa. Violeta Meléndez
JJ/I