Aunque el gobierno estatal modificó el esquema del aumento al transporte público, diputadas y activistas advirtieron que el llamado “tarifazo” sigue vigente y denunciaron presiones para tramitar la tarjeta Broxel, opacidad en contratos millonarios y un modelo de subsidio que, aseguran, continúa beneficiando a concesionarios.

En rueda de prensa, la diputada Tonantzin Cárdenas sostuvo que la reducción del impacto del aumento no fue resultado de la presión social y de la organización ciudadana. Sin embargo, advirtió que el ajuste sigue golpeando a quienes utilizan varios camiones al día. La legisladora adelantó que impulsará iniciativas para democratizar el Comité Técnico Tarifario y crear una “tarifa social” que proteja a los sectores más vulnerables.

Desde el ámbito ciudadano, Elizabeth González, promotora del plebiscito contra el incremento, explicó que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana desechó el recurso luego de que el gobernador eliminó los decretos que condicionaban el subsidio al uso de la tarjeta Broxel.

No obstante, denunció que continúan presiones hacia estudiantes para tramitarla y señaló que ya existen amparos ganados por estudiantes y adultos mayores. También convocó a una movilización el próximo 14 de marzo y pidió la renuncia del secretario de Transporte, Diego Monraz.

En la misma línea, Ángel Pimentel, indicó que el referéndum también quedó sin materia legal tras el nuevo acuerdo del 5 de marzo. Aun así, sostuvo que el incremento de 1.50 pesos sigue siendo injustificado frente a un servicio que calificó como “deficiente y precario”.

Durante el posicionamiento legislativo, la diputada Valeria Ávila criticó que el Comité Técnico Tarifario haya sesionado sin estudios del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) y acusó improvisación del gobierno estatal ante el costo político del aumento. Añadió que la falta de unidades en zonas periféricas provoca que usuarios esperen hasta dos horas para abordar el transporte.

La diputada Mariana Casillas vinculó la problemática con un modelo de ciudad centrado en el automóvil y en intereses inmobiliarios, al señalar que, aunque algunos usuarios paguen 11 pesos por amparos o subsidios, el costo real de 14 pesos termina llegando a los concesionarios mediante recursos públicos.

Las diputadas y activistas llamaron a mantener la vigilancia sobre el destino de los datos biométricos entregados a la empresa privada y a continuar con la organización ciudadana frente al aumento en el transporte público.

CES