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Descarado
El voto despojando afores
El Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco vive tiempos difíciles ante su eventual desaparición por diferencias cada vez más profundas con el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, quien anunció la derogación de su decreto en marzo de este año y luego la dejó en suspenso.
Tras ello, vinieron en cascada seis renuncias de asientos del cuerpo colegiado por igual número de instituciones, cinco ligadas a la iniciativa privada y uno de la academia: el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
Éste último caso es especial, pues la institución jesuita ha sido partidaria de la defensa de los derechos de los habitantes de Los Altos de Jalisco frente al proyecto de trasvase de agua de la cuenca del río Verde a la ciudad de León.
El escrito de renuncia, que no fue dirigido al coordinador del observatorio, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, sino a Alfaro Ramírez, señala como causa central de su renuncia que el organismo no cumple con las condiciones para ser eje de la nueva gobernanza del agua, además de que no se permite la libertad de deliberación a su interior.
La respuesta del observatorio, dirigida a Luis Arraiga Valenzuela, rector del ITESO, desmiente esos señalamientos y señala que los consejeros de la universidad no asumieron el compromiso que su tarea, en la presidencia del grupo social de trabajo, les demandaba.
El 1 de abril de 2019, unos días después del deslinde público del gobernador frente al observatorio, el rector de la universidad le dirigió una carta:
“Los representantes del ITESO ante el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua dejarán de asistir a este espacio. Esto se debe a que, luego de un análisis de los resultados del observatorio y de la forma como se ha conducido hasta este momento, desarrollado por un grupo de expertos en esta temática, consideramos, junto con otros actores sociales, que es necesario transitar a un modelo de gobernanza del agua más adecuado para los enormes retos que enfrenta la entidad. Es necesario garantizar el derecho al acceso de agua potable para todas y todos los jaliscienses; es urgente la construcción de un espacio distinto y renovado para generar una plataforma de deliberación social y de definiciones claras en torno a los problemas derivados de la gestión del agua en Jalisco”.
Y enumera problemas que “muestran el agotamiento del observatorio” (mismo término que Alfaro Ramírez usó para justificar la desaparición del organismo): uno: “no existe la suficiente pluralidad de voces al interior del organismo, con lo cual la gobernanza queda en entredicho”; dos: “los problemas analizados en este espacio no reflejan los retos de la gestión del agua en todo el estado de Jalisco y sus regiones”; tres: “el modelo de gestión interna del observatorio debe ser más democrático al interior del mismo”; cuatro: “es necesario mantener el carácter vinculante de las recomendaciones. Para ello, es necesario que las resoluciones del Observatorio se realicen de forma efectiva y eficaz. Actualmente están pendientes de cumplimiento 150 recomendaciones emitidas en el sexenio anterior. Consideramos que garantizar el derecho al agua desde una clave de gobernanza es un asunto crucial para el desarrollo del estado de Jalisco, por eso sugerimos construir un nuevo espacio donde esta agenda tenga plena cabida”.
Como respuesta, el observatorio, en la pluma de su coordinador, dirigió un largo documento con anexos al rector de la institución de la Compañía de Jesús. “Nos causa extrañeza el señalamiento (…) luego de que en 20 meses que estuvo como secretario del Grupo Social el doctor Carlos Armando Peralta Varela en representación del ITESO, sólo convocó en una ocasión a reunión de trabajo al grupo que presidía, luego que fuera descubierto el conflicto de interés de su representante anterior, el maestro Mario Edgar López Ramírez, quien recibiera dinero de Semadet (Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, expediente UT-SEPAF-1078/2016) en tiempo que formaba parte del observatorio. Tampoco se generaron recomendaciones del Grupo Social en dicho periodo. Resulta extraño que después de esa desatención a la responsabilidad asumida por su institución, urja a la construcción de otro espacio o plataforma de deliberación”, advierte Márquez Gutiérrez.
Anexa un expediente con cheque en que Mario López recibe 400 mil pesos por un trabajo de consultoría de la Semadet; ayer, al ser preguntado al respecto, el académico aseguró que eso no entraña “conflicto de interés” porque ni la Semadet le pidió trabajar en contra del observatorio, ni la materia del contrato tenía que ver los temas de las recomendaciones.
“Jamás he estado de acuerdo con el trasvase y siempre he defendido la conservación de Temaca y los derechos de los alteños, no tengo ningún conflicto de interés con el tema”, aseguró. En contraste, el coordinador del observatorio sostiene que la Semadet se opuso al trabajo del observatorio y buscó en todo momento que se aprobara la construcción de la represa de El Zapotillo.
JJ/I