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Hartazgo
Mejor restar
La última vez que Enrique Peña Nieto visitó la Línea 3 de Tren Ligero fue el 21 de noviembre de 2018. La seriedad de su cara en la fotografía que recuerda ese momento, en el que inauguró una placa que marca el comienzo de las pruebas, parece una muestra de su decepción, pues esperaba cortar el listón de una de las obras a las que apostó en su sexenio.
El problema fue que las empresas a las que su gobierno ayudó para que ganaran las licitaciones no cumplieron con los plazos. Pero tampoco lo hicieron con la calidad, con el costo ni con los lineamientos de los contratos.
Las irregularidades que hay en torno a las licitaciones de los principales contratos de la Línea 3 permiten no sentir pena por el ex presidente, quien está lejos de ser la víctima de lo sucedido en torno a este proyecto. Su cercanía con los dueños de las empresas que ejecutaron las obras ponen al descubierto que fue más bien responsable del fracaso.
Las víctimas, en todo caso, son los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, que durante casi cinco años han padecido las obras y los daños que éstas han causado: caos vial, cierre de negocios, inundaciones, accidentes y un largo etcétera.
La manera en que fueron asignadas las obras parece una copia de la forma en que se han distribuido los grandes proyectos de inversión en América Latina en los últimos años. Empresas extranjeras confabuladas con locales diseñan entramados de consorcios a los que es complicado seguir la pista. Hay que jalar largo la hebra para dar con el punto en que aparecen los políticos con sus relaciones y su intervención para beneficiarlas con millonarios contratos.
Ese fue el caso de la Línea 3. La investigación en la que participó El Diario NTR con reporteros del sistema de medios de la Universidad de Guadalajara y la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas, se encontró justamente con ese entramado en los consorcios que ganaron las licitaciones.
En las redes aparecen empresas que, por el hecho de ser extranjeras, son bienvenidas a participar en México, pero que en la mayoría de los casos solo repiten patrones y prácticas que ya han derivado en investigaciones por irregularidades e incumplimientos en otros países.
Estas empresas no correspondieron al impulso de la pasada administración para asignarles las obras. Por el contrario, en la alianza que formaron con empresarios locales incurrieron en las mismas prácticas que en otros países han motivado que sean investigadas.
Todo esto ha sido con la complacencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ha formalizado sobrecostos y retrasos con la firma de convenios modificatorios. Es decir, si se buscara sancionar a las empresas por no entregar a tiempo ni apegarse al presupuesto, no sería posible, ya que la dependencia federal ha cedido en las ampliaciones de ambos rubros.
Lo anterior significa que las propuestas económicas y técnicas que presentaron y que les hicieron ganar, no se han respetado.
Además, hasta ahora parece que las autoridades federales y locales no están interesadas en abrir una investigación, pues por el momento solo se ha hablado de la necesidad de pagar a las empresas los montos adicionales que reclaman y que elevaron la obra casi al doble de su costo y también duplicaron los plazos de entrega.
Sí, la obra está ahí y ya lo mejor es terminarla y echarla a andar. Esa es la lógica que siguen el gobernador Enrique Alfaro y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que no sabemos es si abrir la chequera, con todas las fallas que ha habido resuelve el problema o si la Línea 3 seguirá siendo un barril sin fondo.
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jl/I