Ley general de salud mental

En los últimos años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) finalmente ha venido reconociendo la gravedad de los problemas de salud mental como el suicidio, los trastornos depresivos, de ansiedad y adictivos, así como otros problemas psicosociales como la violencia familiar y de género.  

Ha reconocido que para prevenirlos y atenderlos adecuadamente se requiere concluir con la estigmatización para quién los vive, legislar para reconocer explícitamente el derecho de cualquier persona a los servicios de salud mental y realizar inversiones significativas de parte de los gobiernos para que las y los ciudadanos cuenten con servicios públicos de salud mental suficientes. 

En nuestro país lamentablemente aún no contamos con una legislación federal sobre salud mental, por ello es verdaderamente trascendente el que en estos días en el Senado se esté trabajando para aprobar una ley general de salud mental. Ahora, lo fundamental es que no se vaya a aprobar una legislación inservible como la Ley de Salud Mental de Jalisco o de otros estados que ya la tienen. 

Necesitamos una ley federal de salud mental que: 

• Reivindique el derecho irrestricto de las personas a los servicios públicos de salud mental 
• Asegure la participación de los psicólogos en el Consejo Nacional de Salud Mental para que se incorporen perspectivas no medicalistas en la definición de políticas públicas y programas gubernamentales en salud mental  
• Obligue al gobierno federal a invertir cuando menos el 7 por ciento del gasto en salud a servicios públicos de salud mental para que estos puedan ser suficientes. 
• Garantice no solo los servicios públicos de diagnóstico e intervención integral de los problemas de salud mental, sino su prevención y la promoción de la salud mental y el bienestar  
• Asegure que los servicios públicos de salud mental que se ofrezcan sean de calidad y así los brinden la Secretaría de Salud (Ssa), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) e Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).  
• Garantice que los servicios de salud mental que ofrezcan las instituciones públicas federales (y después las estatales) sean éticamente impecables y apegados a los derechos humanos 
• Asegure que los problemas y las necesidades específicas, así como las características históricas y socioculturales y de desarrollo de los sectores poblacionales vulnerables (personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres, gente pequeña, comunidades originarias, de orientación LGBTI+, entre otras) sean obligadamente considerados para diseñar e implementar los servicios públicos de salud mental. 

¡Porque la salud mental también es nuestro derecho! 

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