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Funcionarios tapatíos, responsables de suicidio en celdas: CEDHJ

(Foto: Especial)

Servidores públicos de Guadalajara perjudicaron a una mujer por sus actos irregulares e indebidos, permitiendo que se suicidara cuando estaba detenida. No hay protocolos de custodia.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) presentó este miércoles al gobierno municipal la recomendación 34/2020 luego de acreditar que el director, los médicos y los elementos custodios encargados de la vigilancia de la víctima tienen responsabilidad en su suicidio, pues violaron sus derechos humanos.

De acuerdo con lo documentado por el organismo, la mujer fue detenida el 28 de agosto de 2019 junto con otras tres personas por escandalizar e ingerir bebidas alcohólicas en la zona Centro de Guadalajara, tras lo cual fueron puestos a disposición de la Unidad de Prevención Social. En sus instalaciones se suicidó con una de sus prendas y hasta tres horas después fue descubierto el cadáver.

Para la defensoría, la muerte de la víctima exhibió una falta de atención y monitoreo de la dependencia. El personal atentó contra la debida diligencia, la igualdad y el trato digno porque no revisaron la cámara de videovigilancia que registraba lo que sucedía al interior de la celda donde se encontraba detenida. Tampoco practicaron continuos rondines de vigilancia para verificar su bienestar a pesar de que los custodios notaron su molestia por haber sido detenida y que presentaba síntomas psicóticos.

Los funcionarios violaron los derechos humanos de la víctima a la legalidad y seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, al trato digno y a la protección de la salud con un enfoque en la salud mental.

La Comisión pidió al alcalde Ismael del Toro Castro que realice la reparación integral del daño a favor de los familiares al tratarse de víctimas indirectas. Deberá otorgarles medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición.

También exhortó al presidente municipal a ofrecer atención médica y psicológica especializada para superar el trauma o las afectaciones emocionales por la muerte de la víctima.

Otra recomendación es agilizar el procedimiento de responsabilidad administrativa para los servidores públicos involucrados y diseñar y ejecutar un plan especial para mejorar las prácticas administrativas en la Unidad d Prevención Social y en la Dirección de Servicios Médicos municipales para el trato a personas en crisis, con enfermedades mentales o con padecimientos por consumo de sustancias.

El municipio debería contar con un protocolo de actuación para la custodia de personas privadas de la libertad.

EH