Ayotzinapa a seis años, una herida que no cierra

Es tarde, pero es todo el tiempo 

que tenemos entre las manos. 

Es tarde, pero amanece si 

empujamos un poco. 

Pedro Casaldaliga 

Enrique Peña Nieto concluyó su sexenio con el estigma de haber permitido la masacre y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, con la complicidad de criminales y encubridores burocráticos, desde el gobierno de Guerrero hasta personajes vinculados al crimen como José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, líder de la banda de Guerreros Unidos y operador de la masacre en contra de los 43 estudiantes y alrededor de 80 civiles. 

La fiscalía y el subsecretario Alejandro Encinas reafirmaron el compromiso del actual gobierno de la República para retomar las investigaciones del caso, debido a que la versión de que los cuerpos fueron arrojados al río San Juan y al basurero de Coyula fue una invención para acallar la protesta de los padres, lo cual se ha corroborado con el avance de las investigaciones actuales. 

Los responsables del caso consideran que ha sido necesario abrir una nueva ruta con el apoyo gubernamental, de instituciones y expertos internacionales, a fin de que se avance en las investigaciones con mayor fortaleza y certidumbre. En el proceso se considera fundamental el acompañamiento de centros y organizaciones de derechos humanos, así como la participación de los familiares, con quienes se han comprometido a “decirles siempre la verdad, por dolorosa que sea”. 

Los padres exigen que se rindan cuentas y no han dejado de exigir la presentación de los estudiantes. Piden que presione en el proceso, que se rearmen los casos, que no se libere a los detenidos y no desaparezcan documentos ni pruebas. Los familiares han tenido que aprender a caminar y exigir justicia, sólo piden que el presidente no los defraude. 

El gobierno ha avanzado poco en términos de resultados, aunque ha aclarado las metas y los compromisos con los familiares y con la sociedad mexicana. El fiscal Gertz Manero y Omar Trejo Gómez, jefe de la unidad especializada de investigación y litigación del caso, afirman que tienen claras tres metas: hacer justicia, dar con el paradero de los estudiantes e informar con la verdad, apoyados en un equipo que va dando resultados y ha sepultado el ocultamiento de lo sucedido. 

Es un momento delicado, es necesario consolidar la investigación, ir al fondo y asumir las consecuencias jurídicas y judiciales que se desprendan de los nuevos hallazgos. Se trata de romper el pacto de silencio e impunidad que ha existido entre las antiguas autoridades, funcionarios y perpetradores de los crímenes. Ya se tiene el compromiso de cooperación por parte del 35 y 27 batallón de Infantería, en Guerrero, de la Secretaría de Marina y de diversas instituciones tan respetadas como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). 

El presidente, en su mensaje a los padres, reafirmó su compromiso de esclarecer los hechos, de conocer el paradero de los muchachos, que se castigue a los responsables, que haya justicia y reparación del daño. Alentó a los familiares a mantener la esperanza, “porque hoy en México hay autoridades surgidas del pueblo y no impuestas por grupos de poder”. Insistió en que no habrá impunidad ni de autoridades responsables ni de civiles o militares. 

Es importante que el presidente y los principales implicados en el caso vayan dando muestras de que el proceso de investigación y el esclarecimiento de los hechos avanza, pero sobre todo han de dar señales contundentes y efectivas de que los compromisos se cumplen. 

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Profesor-investigador del ITESO 

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