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En la búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco hay diversos escenarios en los que se podrían cometer delitos o actos de corrupción que obstaculizarían su localización, detectó el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE) en un proyecto de investigación presentado ayer.
En el documento, titulado Identificación de riesgos de corrupción y faltas administrativas en la problemática social de personas desaparecidas en Jalisco, el CPS estudió cuatro fases relacionadas a la problemática: reporte y búsqueda; localización e identificación; investigación penal, y atención y seguimiento a las víctimas. En las cuatro se detectaron 86 procedimientos y 116 diferentes tipos de delitos o faltas administrativas no graves o graves relacionadas con la corrupción.
Prácticamente en todas las fases hay oportunidad para que los funcionarios cometan actos de corrupción; sin embargo, la mayoría se centra en la de reporte y búsqueda, y en la investigación penal.
El CPS ubicó además 22 distintas conductas de servidores o funcionarios que llevan a la comisión de delitos o faltas relacionadas con la corrupción.
Una de ellas es cuando se pide dinero a cambio de realizar algún trámite. En este caso se incurre en cohecho y en un entorpecimiento doloso de la administración de justicia, lo cual puede tener consecuencias como perder tiempo valioso en la búsqueda de la persona, pérdida de evidencias y atrasos en el proceso.
Otras de las conductas detectadas son omitir o retrasar la implementación de la Alerta Amber o el Protocolo Alba; pérdida de información o evidencias; negligencias en diligencias ministeriales; retrasos en la atención a víctimas, entre otras.
Nancy García Vázquez, integrante del CPS, explicó que al hacer la investigación se catalogó como faltas administrativas no graves a las omisiones que los funcionarios cometen sin dolo. En la mayoría de las ocasiones se deben a falta de personal y sobresaturación de trabajo.
Por otro lado, explicó que los delitos y las faltas administrativas graves tienen que ver con omisiones, solicitudes de dádivas o dinero para realizar trámites y con otras acciones de obstaculización del proceso que se hacen con plena conciencia de las consecuencias que esto acarreará. Las principales causas de la comisión de estos actos son falta de ética y negligencia del servidor público responsable.
El CPS consideró que las acciones irregulares se podrían cometer en la Fiscalía del Estado, la Fiscalía Especial en Búsqueda de Personas (FEPD), la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), entre otras instancias.
Para evitar la comisión de delitos y garantizar justicia para las víctimas, el CPS realizó una serie de recomendaciones a la Fiscalía del Estado, a la FEPD y demás dependencias involucradas.
En total, hizo siete sugerencias al macroproceso de búsqueda de personas. La mayoría se dirige al Comité Coordinador del SAE a fin de que en la política estatal anticorrupción contemple la problemática de las personas desaparecidas y los procesos anteriormente descritos.
Después hay una serie de recomendaciones desarrolladas por fases y dirigidas a distintas dependencias estatales, entre ellas la Fiscalía del Estado, la FEPD y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC).
En el documento también se hacen sugerencias a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), al IJCF, la Policía Metropolitana de Guadalajara (Metropol), entre otros.
La idea esencial del proyecto es que las políticas públicas mejoren en favor de las víctimas y que los procesos dejen de tener vicios. También se busca que exista un órgano o mecanismo de vigilancia que sea efectivo para garantizar la impartición de justicia y que evite la revictimización y las omisiones o retrasos que obstaculicen los procesos.
jl/I
