El 25 de noviembre marca cada año un ejercicio de memoria y exigencia para visibilizar la deuda del Estado mexicano en la prevención y sanción de la violencia de género. Así lo afirmó Natalia Rojas, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, quien advirtió que persisten graves omisiones institucionales para atender, reaccionar y erradicar estas violencias.
Rojas señaló que el Comité ve con alarma el incremento de agresiones contra niñas y mujeres, especialmente la violencia feminicida. En 2024 se registraron 797 feminicidios, aunque la cifra está subrepresentada: de 6,837 casos de violencia feminicida, sólo 839 fueron clasificados como tal, menos del 10%. Esta falta de reconocimiento dijo, oculta la magnitud real del problema.
A ello se suma la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes. Hasta el 9 de febrero había más de 122 mil personas desaparecidas, de las cuales 27 mil 866 son mujeres. En México, desaparecen alrededor de 40 mujeres al día y las buscadoras, además, enfrentan violencia por su labor.
La violencia digital también crece: más de 10 millones de mujeres fueron víctimas de ciberacoso en 2024 y de estas 43% de las denuncias no avanzan a investigación. En violencia política, el INE registró más de 400 denuncias por razón de género. En cuanto a violencia sexual, se reportan entre tres y cuatro violaciones al día, lo que suma 33 mil delitos sexuales al año con un 90% de impunidad.
Para Rojas, estas cifras revelan un patrón sostenido y tolerado. Persisten el machismo institucional y la falta de perspectiva de género en fiscalías y ministerios públicos, donde se juzga a las víctimas antes de investigar. También alertó sobre la exclusión de las familias en los procesos, pese a que su participación es fundamental.
La falta de voluntad política y la ausencia de continuidad en los programas de gobierno agravan la crisis: cada cambio de administración implica empezar de cero, lo que desmantela avances y deja sin protección a miles de mujeres.
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