Anulan orden de detención contra Evo Morales

LA PAZ. Un tribunal boliviano anuló varios actos del proceso abierto por supuestos delitos como terrorismo y sedición contra el expresidente de Bolivia Evo Morales, entre ellos una orden de aprehensión y la imputación, declaró su abogado, Wilfredo Chávez.  

El proceso abierto por el gobierno interino de Bolivia “queda en fojas cero” en lo que concierne a Morales, porque “no se han cumplido los conductos regulares de comunicación judicial internacional” para notificarlo o citarlo a declarar, detalló el jurista.  

El pasado sábado se instaló una audiencia que trató cuestiones sobre la vulneración de los derechos de Morales en el proceso de investigación abierto en su contra en noviembre del año pasado.  

Chávez mencionó que interpuso un recurso de acción de libertad o habeas corpus ante un tribunal constitucional para denunciar que “habían vulnerado absolutamente todos los derechos vinculados a la libertad, a la defensa y al debido proceso" y que el proceso contra el expresidente fue una acción "deliberadamente política”.  

Uno de los principales argumentos expuestos por la defensa de Morales fue que las notificaciones fueron realizadas al exmandatario por edicto en Bolivia sin la posibilidad de que asuma su defensa o declare y, por ello, “el juez de garantías ha decidido anular todos los antecedentes”, mencionó el abogado.  

Las medidas que afectan a la imputación y la orden de aprehensión también han hecho que quede anulada una audiencia fijada para este martes en La Paz contra el ex mandatario, que buscaba su procesamiento en rebeldía, aseguró Chávez.  

La denuncia contra Morales por terrorismo y sedición fue interpuesta por el Ministerio de Gobierno de Bolivia en noviembre de 2019, al poco de asumir el poder de forma interina Jeanine Áñez, cuando Evo Morales estaba entonces en México, donde se encontraba antes de partir hacia Argentina.  

La acusación se basó en un video en el que se atribuye la voz de Morales para supuestamente incitar a bloqueos de ciudades en Bolivia, que organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han considerado una prueba insuficiente para la gravedad de esos delitos.  

EH/I