A un año de que el gobernador Pablo Lemus Navarro anunció el aseguramiento de 97 departamentos de la Villa Panamericana, actualmente conocida como fraccionamiento Avaterra, los institutos de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) y Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi) no han podido disponer de los inmuebles, ya que Green Life Capital, SAPI de CV, empresa que vendía las unidades habitacionales, ha conseguido suspensiones favorables en distintos juicios de amparo.
‘El Diario NTR’ Guadalajara solicitó vía transparencia a Ijalvi e Ipejal cuántos departamentos han vendido de los que fueron recuperados en octubre de 2025 y los ingresos económicos como consecuencia de dichas transacciones.
El Ipejal respondió el 8 de septiembre pasado de forma negativa a la petición de información con el argumento de que ésta era “inexistente”.
Por su parte, el 11 de septiembre el Ijalvi contestó que “no existen registros en el patrimonio del Instituto Jalisciense de la Vivienda en relación a la recuperación de departamentos de la Villa Panamericana o Fraccionamiento Avaterra”, por lo que “no se han recibido recursos por el concepto descrito”.
Además, el Ijalvi manifestó: “Cabe mencionar que existe actualmente un litigio interpuesto por el gobierno del estado de Jalisco para la recuperación de departamentos del fraccionamiento Avaterra”.
El 8 de septiembre del año pasado fueron asegurados 97 departamentos de la Villa Panamericana. En octubre de ese mismo año el gobernador Pablo Lemus informó que el valor de los inmuebles estaba calculado en unos 700 millones de pesos (mdp). Además, aseguró que algunas viviendas estaban asignadas a prestanombres y socios de Javier Moreno Cardeña, representante de Green Life Capital, a quien se le aseguraron cuentas bancarias. El empresario es señalado por fraude y desvío de recursos del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (Fojal) y fue detenido el 13 de junio pasado en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que lo puso bajo su custodia.
HAY PROCESOS LEGALES PENDIENTES
Este diario encontró que en el Poder Judicial de la Federación hay al menos 13 juicios de amparo pendientes de resolver relacionados con el aseguramiento de departamentos y edificios de la Villa Panamericana, todos promovidos por representantes de la empresa Green Life Capital. Además, hay otro juicio de amparo relacionado con el aseguramiento de cuentas bancarias a los socios de la empresa.
En los casos en los que se concedió la suspensión definitiva, ésta solo se dio para efectos de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se transfieran los inmuebles, aunque se ha negado para la restitución de los mismos a las empresas.
Las primeras dos demandas de amparo se presentaron el 17 de septiembre de 2025. La primera, que quedó bajo el expediente 950/2025, fue contra “el estampamiento de sellos y colocación de lonas dentro del condominio, consecuencia de la orden de aseguramiento”, y la segunda, bajo el expediente 951/2025, fue contra “la orden de aseguramiento e inmovilidad registral del condominio, así como la puesta de lonas de aseguramiento del inmueble e inscripción de aseguramiento en el Registro Público de la Propiedad”. Ambas fueron turnadas al Juzgado Cuarto de Distrito en materia Penal, con sede en Jalisco, según la información que puede consultarse en la página web del Órgano de Administración Judicial federal. El 10 de octubre de ese mismo año se concedió la suspensión definitiva.
Además de esas dos demandas de amparo, hay al menos otras seis turnadas al mismo Juzgado Cuarto de Distrito, así como otras cinco ante el Juzgado Quinto de Distrito en materia penal, todas relacionadas con el mismo caso y promovidas por representantes de Green Life.
Las demandas han llevado a que el tema no esté resuelto en forma definitiva, ya que dentro de los juicios de amparo se han promovido diversos recursos, la mayoría de estos presentados por el director del Ijalvi, Guillermo Medrano Barba, contra la admisión de las demandas o las suspensiones concedidas. Todas le han sido rechazadas.
Los recursos presentados contra las resoluciones de los jueces federales han provocado también de manera constante el diferimiento de las audiencias constitucionales, por lo que no se han dictado sentencias. Otros retrasos se deben a que, al tratarse de asuntos similares, algunas demandas se han acumulado.
Según la información del Poder Judicial, el único juicio de amparo en el que ya se celebró la audiencia constitucional es el 1137/2025, presentado por la empresa Green Life Capital contra la orden de aseguramiento del inmueble; sin embargo, en la información publicada sobre este expediente en el Juzgado Quinto de Distrito aparece la leyenda “audiencia constitucional celebrada, pendiente dictado de sentencia”.
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