Imagina que vives apaciblemente en una comunidad rural ubicada en la región Altos Norte del estado de Jalisco. Y de un momento a otro, a partir del enfrentamiento armado de dos grupos antagónicos de la macrocriminalidad, todo tu núcleo familiar tiene que abandonar su vivienda y su comunidad en la búsqueda de un espacio (en Jalisco u otro estado) que les brinde cobijo y seguridad.
No lo imagines, este ejemplo de violencia lo vivieron más de cinco comunidades: El Saucito, Rancho Mayor, Rancho Santo, Los Pocitos, El Rosario, Los García y Agua Tinta, todas ellas del municipio de Teocaltiche, en mayo de 2021. En total más de 600 personas experimentaron en carne propia el desplazamiento interno forzado (IDP, por sus siglas en inglés). Esta dinámica de migración forzada tiene ecos en todo nuestro país. Y se incrementó a partir de 2007 con la mal llamada “guerra contra el narco” iniciada por el entonces presidente Felipe Calderón.
La definición internacional del IDP deviene de los Principios Rectores de los Desplazamiento Interno, instrumento de derecho suave que formuló la ONU en 1998. En él se establece que “son personas o grupos que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado ninguna frontera estatal internacionalmente reconocida”.
Hace unos días el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) divulgó los resultados de la Encuesta Intercensal (EIC) de 2025. Además de reconocer que la población en el país aumentó de 126 millones registrados en 2020 a 130.9, por primera vez, incorporó información sobre el IDP. En ella se señala que, entre octubre de 2020 y octubre de 2025, en 510 mil hogares conformados por 1.6 millones de personas, alguno de sus integrantes experimentó IDP por motivos de inseguridad delictiva o violencia. Mientras que 152 mil hogares constituidos por 485.5 mil personas, uno de sus integrantes vivió una situación de IDP por motivos de catástrofes naturales o de origen humano.
Hay que mencionar, además, que las entidades federativas que experimentaron mayor IDP en proporción a la población que tienen fueron Guerrero (3.4 por ciento), Morelos (2.4) y Baja California Sur (2.4). Seguidos de Colima (2.3), Zacatecas (2.2) y Querétaro (2.2). En contraste, las menores proporciones se observaron en Campeche, Oaxaca y Nuevo León (0.9 cada una) y Coahuila (0.8). En toda esta numeralia, el estado de Jalisco se ubica en la posición 19.°, con 1.5 por ciento de su población. Esto significa que 42.8 mil hogares conformados por 135.1 mil personas tenían entre sus miembros alguna persona que vivió IDP por motivos de violencia o catástrofes naturales.
Los resultados de la EIC evidencian que el IDP afecta de forma diferenciada a los 32 estados. Además, refleja los distintos contextos de violencia, control territorial de la macrocriminalidad y riesgos naturales a lo largo del país.
A pesar de esta realidad, el IDP no está reconocido a nivel federal. En septiembre de 2020 se aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados el Proyecto de Decreto de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, que actualmente se encuentra en calidad de Minuta en las Comisiones de Gobernación, Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos del Senado de la República, pendiente de discusión y aprobación. Únicamente a nivel estatal, el IDP fue reconocido por cinco Estados. El estado de Chiapas fue el primero en el año 2012, seguido de Guerrero en 2014, después vendría Sinaloa en 2020 y en el año 2022, Michoacán y Guerrero.
El reconocimiento del IDP en México debe ser prioridad del Estado mexicano en su conjunto, a fin de adoptar medidas especiales que garanticen los derechos humanos, así como las soluciones duraderas para aquellas personas que viven un desplazamiento interno forzado en el país.
*Director del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez del ITESO
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