El pasado 1 de octubre se cumplieron dos años desde que la doctora Claudia Sheinbain Pardo (CSP) asumió la Presidencia de la República. Con ese motivo, buscamos visibilizar algunos avances y desafíos en materia de DDHH en México.
En los últimos ocho años de la vida pública de este país, con la autonombrada Cuarta Transformación, determinados indicadores sugieren un avance significativo en el reconocimiento de derechos DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales) para un sector amplio de la población mexicana. El Inegi señaló en agosto de 2025 que alrededor de 13 millones de personas salieron de la pobreza durante el mandato de AMLO. Mientras que el Banco Mundial indicó en el ‘Informe de pobreza y equidad en México’, que fue el mayor descenso en 40 años. Ello se explica en buena medida por la incorporación constitucional, en 2020, de programas sociales como las pensiones para adultos mayores, y otras becas, que hoy benefician a más de 42 millones de personas. No obstante, autores como Jaramillo-Molina señala que las transferencias favorecen más a los hogares de ingresos elevados que los de menor recurso.
Habría que decir también, que la pobreza laboral cerró en 2025 en 33.9 por ciento, la cifra más baja en veinte años, probablemente por el aumento del salario mínimo, que en 2026 subió 13, a 315.04 pesos diarios. A esto se suma, la implementación de la política de reestructuración de créditos hipotecarios impagables de personas beneficiarias en los Institutos Públicos. Misma que restructuró cuatro millones 856 mil créditos impagables del Infonavit.
Por otro lado, los desafíos que atravesamos son mayúsculos. La violencia y la inseguridad generada por la macro-criminalidad acompañada en ocasiones por agentes del Estado son dos circunstancias que aquejan la paz de la sociedad mexicana. El Instituto para la Economía y la Paz documentó en 2025 una tasa de 19 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. En contraste, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señaló que el promedio diario de homicidios dolosos cayó 53 por ciento, entre 2024 y 2026, de 86.0 a 50.8. Aun así, según la ENVIPE 2026, el 74 por ciento de los adultos percibe inseguridad en su entidad federativa.
Esta crisis se imbrica con el acceso a la justicia. La reforma judicial vigente desde el mes de septiembre de 2024 planteo la renovación de todas las personas juzgadoras, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y la eliminación de la inamovilidad de jueces y magistrados, lo que pone en entredicho su independencia. En junio de 2025, se eligió a 2 mil 681 operadores de justicia, con una abstención en las urnas cercana al 90 por ciento, apenas votaron 13 millones del padrón electoral. La Relatora Especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, advirtió que sus deficiencias erosionan la confianza pública en la justicia. Sin embargo, las Fiscalías, que representan el primer eslabón de la justicia, quedaron intactas. Human Rigths Watchs documentó en 2025 que uno de cada diez homicidios investigados se respalda en pruebas alteradas, falsificadas u obtenidas bajo tortura.
El mayor desafío del país es la desaparición forzada. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza 20 mil 057 casos entre el 1 de octubre de 2024 y el 19 de septiembre de 2026. Este delito grave se vincula con el reclutamiento forzado y la trata de personas. En marzo de 2025, el colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco halló en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, evidencia de un campo de reclutamiento que agentes federales habían registrado en 2024, sin resguardo como escena del crimen. A esto se suma la crisis forense de 72 mil 100 cuerpos y restos humanos en los servicios forenses de todo el país.
A dos años, el balance en DDHH es asimétrico. Mientras algunos derechos DESCA registran avances verificables, los derechos civiles y políticos más elementales como la vida, la integridad personal y el acceso a la justicia siguen atrapados en una crisis humanitaria que el Estado no logra contener. El desafío de Sheinbaum para el resto del sexenio será trasladar la capacidad institucional y la voluntad política que transformaron la política social, hacia la construcción de capacidades que permita la erradicación de delitos y condutas deleznables como las aquí descritas.
*Director del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia “Francisco Suárez” del ITESO
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