“México está de moda” es la frase de bienvenida de la página de promoción turística del gobierno federal, que busca incentivar la presencia de personas extranjeras ávidas de conocer nuestro país. Sin embargo, esa frase omite un dato fundamental: si provienes de alguna nación del sur global, seguramente vivirás una experiencia terrorífica al ingresar a nuestras fronteras.
Baste como muestra el caso del Dr. Leonardo Ariel Escobar Barrios, profesor colombiano adscrito a la Universidad Iberoamericana de Puebla. Leonardo ingresó a México el pasado 31 de diciembre de 2025, su puerto de entrada fue el Aeropuerto Internacional de Monterrey, N. L. Diversas autoridades manifestaron (sin demostrar registros oficiales) que “generó un altercado administrativo” al pasar por el filtro del Instituto Nacional de Migración (INM), fue detenido por la Guardia Nacional (GN) y trasladado a los separos municipales en Apodaca, donde permaneció privado de su libertad por 36 horas.
El 2 de enero que fue puesto en libertad, se perdió todo contacto con él. Esto derivó en una denuncia formal por su desaparición, así como múltiples acciones de búsqueda impulsadas por sus familiares, la Ibero Puebla y autoridades consulares. Afortunadamente, 16 días después la Fiscalía de Nuevo León informó que fue localizado en una Clínica de Rehabilitación en el municipio de Juárez.
De lo acontecido surgen preguntas hacia las autoridades involucradas ¿En qué circunstancias una supuesta “falta administrativa” deriva en una desaparición? Durante el periodo de enero 2022 a abril 2023, la CNDH registró 205 quejas por discriminación y malos tratos hacia personas extranjeras perpetradas por el INM dentro de algún aeropuerto en México. Organizaciones como Imumi, Sin Fronteras y Asylum Access documentaron casos donde se niega el ingreso de personas al país por causas basadas en perfiles raciales o discriminatorios. Más aún, existen patrones contra personas sudamericanas y afrodescendientes en los aeropuertos de la CDMX, Cancún y Monterrey, con retenciones en espacios no regulados y sin trato digno y decoroso.
De acuerdo con el informe ‘La militarización del INM’, realizado por el PRAMI-Ibero Cdmx, la relación entre el INM y la GN se estrechó significativamente a partir de 2019, marcando un proceso de militarización de la política migratoria en México. Esta unión no es meramente administrativa, sino que implica una colaboración operativa profunda en tareas de control y contención de flujos migratorios.
Hoy Leonardo está localizado, gracias a la presión mediática y política de su caso. ¿Qué sucede con los miles de personas mexicanas y extranjeras que desaparecen y no cuentan con esta red de apoyo? Debemos exigir a las autoridades el cumplimiento de todo el andamiaje institucional en materia de búsqueda de personas desaparecidas. Además de acoger como nuestra la lucha que hacen familiares y colectivos que buscan a sus seres queridos. Por otro lado, la Ley General en la materia plantea la creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación, así como una Plataforma Única de Identidad. La detención administrativa de Leonardo por parte de la GN y la policía de Apodaca no fue registrada en la Plataforma, constituyendo una grave omisión en este caso.
Finalmente, debemos recordar que todas las personas en México gozan de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución. En ese sentido, el INM debe eliminar los criterios discriminatorios basados en perfiles étnicos y nacionales que criminalizan la movilidad humana y omiten el debido proceso.
* Director del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez del ITESO
