El Comité Técnico Tarifario de Jalisco aprobó en diciembre pasado el alza en el precio del transporte público en Guadalajara, a partir del 1 de abril, pasando de 9.50 a 14 pesos por viaje, incrementándose en 47.4 por ciento. El gobernador afirmó que tal incremento era el primero en siete años. En ese periodo (enero 2019 a diciembre 2025) la inflación acumulada fue de 38.7. Lemus anunció un subsidio público de 3 pesos por cada pasaje, en favor de quienes cuenten con la Tarjeta Única al Estilo Jalisco, con lo que el aumento directo al usuario será de 15.8 por ciento.
Al justificar el incremento, se ha reiterado la existencia de un estudio técnico en el que analizaron los incrementos de precios en los insumos para transportistas, pero no parece haber una referencia equivalente a la evolución de los ingresos de los usuarios del transporte. En Jalisco, el salario medio de cotización al IMSS es de 613 pesos diarios, equivalente a 2.2 veces el salario mínimo de 2025 (278.8 pesos). Si suponemos que un trabajador deba tomar en promedio tres pasajes diarios, y tuviese dos dependientes económicos que a su vez requirieran tomar dos pasajes diarios, ello implicaría un gasto diario de 77 pesos, equivalente a 12.6 por ciento del ingreso por trabajador.
Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 30.6 por ciento de la población ocupada en Jalisco percibe menos a lo sumo el salario mínimo y otro 49.1 percibe entre uno y dos salarios mínimos. El gasto de los 77 diarios, implicaría 27.7 por ciento de los ingresos de un salario mínimo del 2025 y 13.9 por ciento de los de una persona que percibiera dos salarios mínimos, convirtiéndose en estos casos el tercer gasto más alto de esos hogares, sólo después de vivienda y alimentos.
Si bien el salario mínimo del 2026 es 13 por ciento superior, tal aumento no aplica a los NO asalariados formales, que representan la mayor parte de los trabajadores. Un estudio social Y NO SOLO DE MERCADO Y COSTOS PARA LOS TRANSPORTISTAS, necesitaría considerar la capacidad adquisitiva de los usuarios.
El subsidio a cada pasaje implica un amortiguamiento de la carga para el usuario directo, pero también una carga significativa en las finanzas públicas. Esos 3 pesos derivarían en pagos a las empresas transportistas y a Broxel, la concesionaria de la Tarjeta Única, lo que tendrá que ser pagado con los recursos público de todos los jaliscienses, lo que a su vez atiza los compromisos financieros derivados de las contrataciones de deuda en que se incurrió para las obras de transporte y que implican una acumulación de décadas de compromisos financieros para el Estado. Además, supone el otorgamiento de datos personales de los usuarios a Broxel, empresa sujeta a investigación por autoridades federales.
En última instancia, la cuestión fundamental es si el transporte público urbano es un bien público o un negocio privado. Si se trata de lo primero, el criterio fundamental que debería prevalecer en las autoridades es el interés colectivo. Si se trata de lo segundo, este transporte es un buen nicho de mercado para unas cuantas empresas. Lo que debe quedar claro al Estado es que el interés público no es sólo la suma o maximización de los intereses privados.
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