La economía es comúnmente referida a la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios. El término “bienes” generalmente nos remite a satisfactores, a productos que satisfacen necesidades humanas, en tanto que los “servicios” abordan actividades que sirven, que nos son de utilidad. Tanto los bienes como los servicios implican una connotación moral; en particular, los bienes son la contraparte de los “males”, productos que nos generan un perjuicio. Por ello, en el PIB no entraría el registro de la producción de mariguana, amapola, heroína o metanfetaminas, solo por citar algunos ejemplos.
Sin embargo, la frontera entre los “bienes” y los “males” es muy difusa, como podría mostrar el reconocimiento formal a la producción de tabaco, alcohol, comida chatarra o armamento como generación de bienes. ¿Cuál es el límite entre el reconocimiento de un producto como “bien” o como “mal”? La respuesta va más allá de lo económico y nos remite a discusiones legales, culturales e históricas.
En todo caso, los productos catalogados como “males” se siguen produciendo y es común que su demanda aumente por factores de adicción y de prácticas ilegales o atentatorias contra la vida. La pregunta entonces tendría que situarse en términos de los factores que incrementan esa demanda. En todo caso, la economía de los productos ilegales debe de requerir sumas gigantescas de dinero, armas, inmuebles, medios de transporte, relaciones políticas, financieras y empresariales, etc.
En otros términos, el impulso a la producción de “males” requiere de un gran y diversificado poder económico. El desarrollo de la economía ilegal no puede entonces asociarse sólo a la desesperación generada por la pobreza para involucrarse en tal economía, aunque puede ser cierto que esta desesperación se convierta en un incentivo para que amplios contingentes se integren a las actividades ilegales. En otras palabras, la desigualdad económica (y no sólo la pobreza) se convierte en un potente motor para el desarrollo de la economía ilegal.
Por otra parte, la relación inversa es igualmente válida. Las actividades que dañan tanto la convivencia humana como la vida de los individuos también son un motor de desigualdad. Las adicciones generan costos inmensos en los hogares, y las principales víctimas de las actividades criminales son los hogares, y comunes con menos recursos para protegerse de ellas. La criminalidad genera entonces desigualdad en una lógica de “ley de la selva” con muy pocos ganadores y muchos perdedores.
Por otra parte, cada peso utilizado en el enfrentamiento armado a las actividades ilegales, es un peso NO utilizado para educación, salud, cultura, tecnología o desarrollo social. Además, difícilmente podría pensarse que las ganancias generadas por estas actividades se repartan equitativamente entre la población involucrada en ellas.
En suma, la desigualdad es un motor de la criminalidad y la criminalidad es un motor de la desigualdad. Este círculo vicioso no puede enfrentarse actuando sólo sobre un lado de esta relación, del mismo modo que la desigualdad no es sólo un asunto relativo a la pobreza. En ese sentido resulta imprescindible la acción conjunta de la sociedad en términos de enfrentar no sólo la pobreza, sino la extrema riqueza, pero las tendencias actuales nos muestran exactamente lo contrario, como lo demuestran los informes de Oxfam sobre desigualdad extrema de 2026, tanto a nivel global, como latinoamericano y mexicano.
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