Entre el 1 y el 10 de enero la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia logró la vinculación a proceso de 52 personas señaladas como probables responsables de distintos delitos cometidos en agravio de mujeres.

De acuerdo con el informe oficial, las carpetas de investigación que derivaron en estos procesos judiciales corresponden a hechos ocurridos en diversos puntos del estado, aunque con mayor incidencia en los municipios de Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Zapopan, Autlán de Navarro, Cihuatlán, Colotlán, El Salto, Tepatitlán, Tuxpan de Bolaños, Puerto Vallarta, Talpa de Allende, Acatlán de Juárez, Jocotepec y Zapotlanejo, lo que refleja una cobertura ministerial en distintas regiones de Jalisco.

La mayoría de los casos judicializados corresponde al delito de violencia familiar, con 42 procesos relacionados con hechos registrados durante los años 2023, 2024 y 2025. También se obtuvieron vinculaciones a proceso por delitos de abuso sexual y violación cometidos en 2023 y 2025, además de conductas de ciberacoso, lesiones y violación a la intimidad sexual correspondientes a 2025. Dentro del periodo señalado también se dio seguimiento a un caso de homicidio ocurrido al inicio de la presente anualidad.

Como parte de las investigaciones, personal de la Fiscalía del Estado (FE) realizó labores de inteligencia y localización para lograr la comparecencia de los imputados ante la autoridad judicial. La mayoría de las presentaciones se efectuó mediante citación, aunque también se cumplimentaron órdenes de aprehensión vigentes, se realizaron detenciones en flagrancia y se llevó a cabo una reposición de procedimiento conforme a lo establecido en la ley.

El análisis de las carpetas indica que, en la mayoría de los casos, los presuntos agresores forman parte del entorno familiar o cercano de las víctimas. También se identificaron señalados del ámbito laboral, personas conocidas y, en menor proporción, individuos sin relación previa con las afectadas.

En los casos considerados de mayor riesgo se dictó prisión preventiva, tanto oficiosa como justificada, mientras que en otros expedientes se impusieron medidas cautelares distintas o se autorizó la suspensión condicional del proceso, estableciéndose condiciones orientadas a la reparación del daño y a evitar la repetición de las conductas.

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