El 20 de junio se conmemoró el Día Internacional de las Personas Refugiadas en el Mundo. Bajo este marco, Chiara Cardoletti, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las Personas Refugiadas (ACNUR), presentó el reporte anual 2025. Este documento nos muestra una fotografía amplia del contexto que vivieron las personas solicitantes de la condición de refugiado, así como las personas reconocidas con esta protección internacional en nuestro país.
Un cambio relevante, en 2025, fue la disminución regional del flujo migratorio. Atribuida en parte, por las políticas antimigratorias de la administración de Donald Trump. En México los ingresos irregulares descendieron 87.5 por ciento respecto de 2024. No obstante, más de 70 mil 500 personas solicitaron asilo en México, esta cifra se asemeja a las personas que en 2024 (alrededor de 78 mil 975) solicitaron la protección internacional. Esto indica que, a pesar de la inmovilidad humana en la región, las personas migrantes que huyeron por factores de violencia, de manera voluntaria o involuntaria buscaron la protección de sus vidas en nuestro país.
Asimismo, en 2025 el 89 por ciento de las personas solicitantes de asilo en México se concentró en cuatro países. Cuba con (49 por ciento), Honduras (20), Venezuela (13) y Haití (siete). Dos entidades federativas concentran la mayor cantidad de solicitantes de esta protección. Chiapas con 46 por ciento, seguido de la CDMX con 30, además, los estados de Nuevo León y Baja California incrementaron en un 50 el número de solicitudes de asilo respecto 2024.
Por otro lado, el ACNUR destacó que durante 2025 se presentó una crisis de financiamiento en el ecosistema de la acción humanitaria. Una de las causas, pudo ser la implementación de la política de “America First” del presidente estadounidense, que derivó en recortes presupuestarios para la ONU. De manera particular, el ACNUR en México redujo la presencia operativa de 13 a 11 estados. Además, en 2024 apoyó a 34 organizaciones de la sociedad civil mexicana que implementaron acciones directas en la atención de personas refugiadas. Para el 2025, este apoyo disminuyó a 10 OSC como socios locales. Esto fue un impacto significativo para la atención humanitaria de las personas migrantes y refugiadas en México. Ya que las OSC conformadas por albergues, comedores, centros comunitarios constituyen el primer contacto de ayuda de esta población. Ahí donde la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) no tiene presencia o capacidad operativa están las OSC, por ello la disminución de su financiamiento afectó directamente a la capacidad y alcance de la atención que pudieron brindar.
Finalmente, el reporte indica los desafíos en el Sistema de Asilo en México. Uno de ellos, el deterioro de la capacidad operativa de la Comar, ya que prescindió de 50 por ciento de su personal, a consecuencia de los recortes del presupuesto del ACNUR. Lo cual aumentó el tiempo de espera en los procesos administrativos de esta población. Otro reto importante es la actuación indolente del Instituto Nacional de Migración que suspendió la entrega de tarjetas de visitante por razones humanitarias. Sin este documento las personas solicitantes y refugiadas no pueden conseguir empleos formales pieza rectora de su proceso de integración local.
El derecho al asilo en México no es una dadiva o concesión del gobierno mexicano. Es una obligación constitucional (art. 11) que fue ratificada a través de diversos tratados internacionales como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y la Declaración de Cartagena. Fortalecer las vías de protección y construir un país más incluyente y resiliente para las personas refugiadas es una obligación que México tiene que cumplir no sólo en el discurso, sino en los hechos.
*Director del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez del ITESO
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