Más signos de autoritarismo

La semana pasada comenté en este espacio mi preocupación porque las decisiones políticas de López Obrador parecen seguir las propuestas del filósofo Carl Schmitt, ideólogo del fascismo alemán. Y lo ocurrido a lo largo de esta semana viene a reforzar mi temor. 

Como lo comenté, Schmitt planteó que la labor del guía político es asumir la voz del pueblo, y en su nombre determinar dos cuestiones fundamentales: primero, quiénes son los amigos y quiénes los enemigos, y segundo, la misión que debe cumplir el Estado. A partir de esas definiciones, sus seguidores no tienen que cuestionarse nada, no deben tener dudas, no deben opinar algo distinto, porque eso los pondría en el lado equivocado de la historia, de acuerdo con el líder, volviéndolos traidores, y por lo tanto enemigos. 

En un contexto como ese, los seguidores asumen que las leyes no tienen valor, porque la voluntad del guía, que expresa la voluntad del pueblo, es lo único que debe guiar su actuación, de manera que si las leyes, e incluso la Constitución, plantean algo diferente a lo que propone el líder, entonces, en el mejor de los casos, se deben modificar, siguiendo el trámite establecido, o en el peor, simplemente ignorarlas, dado que quien obedece (al guía) nunca se equivoca. 

Pues la semana pasada, en una trampa de uso común en el ámbito legislativo, se aprovechó la aprobación de una ley con la que se pretende acabar con el nepotismo en el Poder Judicial de la Federación, lo cual es muy loable, para introducir un artículo transitorio con el que se pretende extender por dos años el nombramiento del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, así como la de los actuales integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, a pesar de que la Constitución establece claramente que esos nombramientos son improrrogables. 

De entrada, ese artículo transitorio no tiene validez, porque significaría que cualquier ley aprobada por una minoría simple puede contradecir a la Constitución, por lo que en los hechos estaríamos sujetos a la voluntad del líder de la coalición dominante en el Congreso, sin ningún contrapeso, lo cual es muy peligroso. 

Pese a eso, el presidente López Obrador comentó que él se lleva bien con el ministro Zaldívar, así que le parece bien que siga en ese cargo hasta 2024, para que lo acompañe en el trayecto de su mandato. Esto también resulta grave, por un lado, por la indebida intervención del Legislativo en las decisiones de la Suprema Corte, que en dos años debería elegir a quien sustituirá a Zaldívar, avalada por el Ejecutivo, quien sería el principal beneficiario de esa intervención, con lo que se estaría sentando el precedente de que se puede cambiar a los ministros de la SCJN al gusto del presidente en turno, simplemente modificando la duración de su nombramiento, lo que además haría inestable el funcionamiento de la Corte, y serviría para que el presidente fuera el verdadero juez supremo de la nación, dado que podría ordenarle a los ministros en turno en qué sentido deben resolver un juicio. 

Si alguien considera que exagero, basta con considerar que el presidente sugirió que para resolver si se le debe reconocer la candidatura a la gubernatura de Guerrero a su amigo, Félix Salgado, quien incumplió la ley, por lo que el INE le negó el registro como candidato, el Tribunal Electoral de la Federación debería hacer una consulta popular, para saber si el pueblo de Guerrero quiere o no que sea candidato. La voluntad del guía, que dice seguir la voluntad del pueblo, por encima de la ley. ¡Cuidado! Autoritarismo a la vista. 

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