Agresiones a candidatos atizan violencia

En plena campaña, dejar la cabeza de un cerdo en una hielera con un mensaje amenazante a un candidato; balear el domicilio de otro; secuestrar a uno más y asesinar a otro cuando los dos últimos eran precandidatos, son graves agresiones de las que deberían dar cuenta de los avances en sus investigaciones las fiscalías. Al margen de qué aspirante sea, de a qué partido pertenezca o cuáles sean sus planteamientos políticos, es prioritario esclarecer quién o quiénes son los responsables y llevarlos ante la justicia. 

Los ataques al candidato por Futuro a la alcaldía de Zapopan, Pedro Kumamoto; al del PRI a la presidencia municipal de Tlaquepaque, Roberto Albarrán; al precandidato del tricolor a la alcaldía de Mezquitic, Álvaro Madera López, y al primer edil con licencia de Casimiro Castillo, Alfredo Sevilla, que fue hallado muerto con un tiro en el cráneo y buscaba candidatearse para repetir en el cargo, revelan cómo la violencia de los agresores escala hasta llegar al homicidio. Incluyo el crimen del ex gobernador Aristóteles Sandoval, ocurrido en tiempos preelectorales. 

Ninguna agresión debiera banalizarse por las autoridades o usarse por los adversarios para de manera ruin descalificar políticamente a las víctimas, como ha sucedido, por ejemplo, con Kumamoto. En las redes sociales, muchas ocasiones desde el anonimato y con cuentas falsas se ha mentido, especulado e intentado intimidar al ex diputado local. Abandonar la ensangrentada cabeza del cerdo con el mensaje, afuera de una de las oficinas de la autoridad electoral, coloca en alta situación de riesgo al candidato y a quienes están a su alrededor. No es un hecho anecdótico, es un grave delito. Si salió o no de algún miembro o simpatizante de Movimiento Ciudadano, de otro partido o de alguien que actuó por la libre, debe aclararse. 

Cualquier ataque a un candidato es contra sus familias; el resto de aspirantes aun cuando permanezcan mudos y sin solidarizarse; los ciudadanos que votarán; el proceso electoral y las autoridades organizadoras del mismo; y la democracia electoral. 

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó la semana pasada que a nivel nacional se había atendido a 148 candidatos, de los cuales 80 están resguardados por policías estatales, 52 por elementos de la Guardia Nacional y 15 por autoridades municipales. Durante el proceso electoral han asesinado a 13 candidatos y secuestrado de manera temporal a 11. Los ataques violentos registrados oficialmente suman 398. La estrategia para proteger candidatos, iniciada desde marzo, es agujereada por las acciones de grupos políticos y/o del crimen organizado que desafían el estado de derecho. 

La secretaria precisó que 53.7 por ciento de los ataques contra candidatos se concentran en siete entidades, entre ellas Jalisco. Lo sucedido a los candidatos jaliscienses se enmarca en un contexto de violencia contra la población, que abarca desde desapariciones, asesinatos colectivos y feminicidios, hasta la crisis forense y el desplazamiento masivo de pobladores, como sucedió en Teocaltiche, sin que autoridades de los tres niveles de gobierno puedan prevenir, investigar y sancionar a los culpables. Están rebasadas. 

Los agresores convierten a los candidatos en blancos de la violencia al romper su propaganda o atizar campañas de desprestigio, por ejemplo. Al dar un primer paso, pueden pasar a acciones más graves mientras la impunidad reine. 

Quienes atacan, desprecian la vía pacífica para renovar autoridades y alientan la violencia política, incluidos aquellos que la minimizan, aplauden lo sucedido o se burlan de los afectados. El discurso violento, verbal o no verbal, también debe ser señalado y sustituido por otro de paz. 

Twitter: @SergioRenedDios

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