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¿Alguna vez ha estado en un trabajo donde a los dos o tres meses en el puesto pueda irse de vacaciones y gozar de este descanso que se han ganado los que tienen más tiempo?
Esto está ocurriendo en los entes públicos municipales y el Poder Legislativo, sin importar el color partidista, debido al cambio de administración, que apenas entraron en octubre o noviembre.
Con descaro, desde la Sexagésima Segunda Legislatura inventaron el mecanismo de decretar días inhábiles por el mismo periodo vacacional de los empleados de base, con el fin de evitarse hacer guardias y poder irse todos al mismo tiempo y gozar de los días de descanso.
Con este mecanismo que funcionó sin quejas desde la Legislatura pasada, la actual no tuvo ningún problema en ejecutar la misma estrategia para poder despreocuparse de sus tareas legislativas a partir del próximo lunes.
Tanto diputados como sus empleados supernumerarios podrán irse sin conflictos a descansar hasta el año entrante cuando apenas tienen un mes y medio trabajando. Todos estuvieron de acuerdo en hacerlo así; es más, nadie se quejó, protestó o cuestionó, simplemente se irán.
Oficialmente la salida es que los empleados nuevos que tienen menos de seis meses en el sistema deben entregar un informe de actividades con los encargos que le ha dejado su jefe inmediato para justificar la inasistencia al palacio legislativo, pero extraoficialmente sabemos que eso no se hace.
Desde la administración anterior se emitieron estos documentos, que supuestamente la Contraloría Interna revisó, pero nunca se transparentó la información y simplemente de palabra aseguró que no hubo ninguna omisión o engaño, y que todos mandaron su reporte. Un documento que queda a criterio del trabajador porque no hay ni un formato o mínimos de información a detallar.
Nuevamente se repetirá la obligación de entregar este reporte con las actividades que le encargue su jefe diputado, sin embargo, ninguno de estos documentos estarán obligados a transparentarlos para poder comprobar el tipo de acciones que pueden realizar en este tiempo y a nadie parece preocuparle.
En el caso de los ayuntamientos, donde sus nuevos empleados apenas llevan dos meses y medio en funciones, también se irán de vacaciones; pero como la actividad es más intensa, dejarán guardias para cualquier cosa que llegue a necesitarse, pero sólo lo harán aquellos que no tengan un padrino político para obviar este paso.
Sobre este tema no hay ningún reglamento o norma que establezca los pasos a seguir para justificar el tomar vacaciones cuando tienen menos de seis meses en el cargo.
Si estas vacaciones sirvieran para crear conciencia en los burócratas de que toman periodos de descanso a cambio de hacer una excelente labor cuando estén en funciones sería un poco justificable porque tratarían de compensar con trabajo activo y bien hecho.
Lo malo es que los servidores públicos consideran que es una obligación o una prestación que se merecen, sin darse cuenta de que es una excepción a su favor que deberían reconocer como tal y agradecer que estén trabajando en la función pública y no en una empresa privada donde son otras las reglas.
Sería bueno que recapacitaran sobre todo lo bueno que traen estas fechas para ellos y que buscaran atender mejor al ciudadano cuando acuda a realizar algún trámite o cuando les pida información. Sería una forma de compensar este tipo de prebendas.
Es tiempo de reflexión de saber qué más podemos hacer por el otro, cómo pueden mejorar y no sólo pensar en el próximo hueso político. Y que sean más transparentes y honestos en cuanto a los temas que buscarían impulsar los que tienen cargos de elección popular.
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jl/I