Se necesita presupuesto

Desde el 17 de mayo tiene vigencia una reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones, modificación que legalmente transforma los servicios públicos de salud mental; sin embargo, las y los legisladores, sorprendentemente, incluyeron en el artículo cuarto transitorio que “no se autorizarán ampliaciones a su presupuesto para el presente ejercicio fiscal ni subsecuentes como resultado de la entrada en vigor del presente decreto”. 

Menciono el “sorprendentemente” porque tal reforma implica grandes cambios en el sistema de salud, entre ellos la implementación de servicios de salud mental en la comunidad, centros de salud y hospitales generales y especializados; la adecuación física de las instalaciones de los centros de salud y hospitales generales y especializados para los servicios de salud mental, así como la sensibilización y capacitación del personal de salud que trabaja en los centros de salud y hospitales generales y especializados. 

También considera el diseño y la implementación de servicios de salud mental a personas en situación de calle; la sensibilización y capacitación de familiares de las personas que viven con discapacidad psicosocial; el diseño e implementación de programas de apoyo para los familiares de las personas que viven con discapacidad psicosocial; el diseño e implementación de programas preventivos de los problemas de salud mental y de promoción de la salud mental (casi inexistentes en México), y el diseño e implementación de actividades educativas, socioculturales y recreativas con carácter permanente que contribuyan a la salud mental y a la prevención de adicciones. 

Además, implica el diseño e implementación de programas de detección de los grupos poblacionales en riesgo de presentar trastornos mentales y por consumo de sustancias psicoactivas, y de adicciones, preferentemente niñas, niños y adolescentes y miembros de grupos vulnerables; la aplicación de equipos de respuesta inmediata para situaciones de crisis capacitados en técnicas para atenuar escalamientos; la implementación de programas de prevención del suicidio y de atención a la ideación suicida, entre otros que podríamos mencionar. 

A ello hay que agregar lo que no se incluyó en la reforma, pero que contempla la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, obligatoria para el Estado mexicano porque la ratificó el Senado de la República. 

Por ello, desde hoy solicitamos a la Cámara de Diputados que, para el Presupuesto 2023, del 100 por ciento del gasto programado para la salud, se asigne 5 por ciento a la salud mental. 

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JB