El antimonumento 5J, instalado por colectivos el 5 de junio en la Plaza Imelda Virgen y retirado ese mismo día por la noche por autoridades estatales y municipales, representaba un peligro para la seguridad de las personas que transitan por el Centro de la ciudad, justificó el director general de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ), Víctor Hugo Roldán Guerrero.

En un oficio dirigido el 5 de junio a las autoridades del Municipio de Guadalajara se hace una descripción de las características del símbolo y se señala que “se conforma de placas metálicas soldadas entre sí, formando (con) perfiles tubulares el número 5 y la letra J, sobre una base trapecial del mismo material, estimándose una altura máxima de 3 metros, peso aproximado de 500 kilogramos”.

El documento también refiere que se desconoce el sistema de anclaje del 5J, la profundidad para empotrarlo y su sistema de cimentación, “así como las fuerzas gravitacionales, accidentales y la combinación de estas estimadas, que dieron como resultados diseño de dicha estructura (sic)”.

Los hallazgos referidos llevaron a tomar la decisión de retirar la estructura, según el funcionario. Para justificarlo refirió que “no cuenta con elementos técnicos de análisis y diseño estructural que garanticen su seguridad estructural y estabilidad general, ante la acción de diversas estimaciones de cargas que generan un riesgo inminente a la población, comprometiendo la seguridad de las personas que transitan a diario por la zona”.

PIDEN INTERVENCIÓN DE ONU ANTE RETIRO

Con la intención de que intervengan ante el retiro del 5J, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y el colectivo #5deJunioMemoria enviaron una comunicación al Comité Contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU (WGEID, por sus siglas en inglés) y a los relatores especiales del organismo internacional.

Mediante una carta, las organizaciones refirieron que el retiro de la estructura por parte del gobierno de Jalisco y el gobierno de Guadalajara es una “violación y falta de garantías para el pleno ejercicio del derecho a la memoria, participación en asuntos públicos, así como libertad de expresión y manifestación de ideas de víctimas de desapariciones forzadas en Jalisco”.

En la misiva se hace una relatoría de los hechos que motivaron la instalación del 5J, desde el asesinato de Giovanni López, quien murió a inicios de mayo de 2020 tras ser detenido por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos por no usar cubrebocas, hasta las violaciones a derechos humanos de las que fue víctima un centenar de jóvenes que sufrió desapariciones forzadas y tortura el 5 de junio de 2020 al exigir la liberación de personas detenidas un día antes en una protesta para pedir justicia en el caso de Giovanni.

En seguida se narra lo ocurrido el 5 de junio de 2023, cuando se colocó el antimonumento y horas después, por la noche, fue retirado por las autoridades en una Plaza de Armas a oscuras. Al siguiente día, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez reconoció que el estado y el Municipio lo quitaron en un operativo conjunto.

Ante la situación, Cepad y #5deJunioMemoria hicieron cinco peticiones a la ONU y a sus organismos. En primer lugar, pidieron documentar lo ocurrido.

También les solicitaron que tomen a consideración la opción de pedir informes a las autoridades del Estado mexicano sobre lo ocurrido y emitir una comunicación y/o pronunciamiento para condenar los hechos “violatorios al derecho a la memoria, libertad de expresión, manifestación de ideas, participación en asuntos públicos y asociación de víctimas de desaparición forzada”.

Además, solicitaron que consideren la posibilidad de instar al Estado mexicano a garantizar el derecho a la memoria y proteger los antimonumentos y memoriales que hay en la ciudad y, por último, que analicen pedir a las autoridades la reinstalación del 5J.

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