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Se fue bien pagada
Ley Telecom
Simplemente porque pueden y no quieren perder el sustento económico, los diputados locales que compiten por la candidatura de sus institutos políticos no tienen pensado pedir licencia al cargo porque la ley no los obliga.
La única forma en que se evidencian sus ausencias y el poco interés que tienen en el trabajo legislativo son las sesiones de pleno, donde sus votos reflejan lo poco atractivas que les resultan las sesiones de comisión.
Pero a nadie le sorprende y mucho menos le importa que no acudan o simplemente se retiren antes de que concluyan las sesiones para sus actividades partidistas, como ocurrió ayer y que fue tan evidente que sólo falta observar sus redes sociales para ver dónde están.
No es necesario que las sesiones de pleno traten temas importantes porque la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece como obligación acudir a las mismas, así como a las de comisión, y aun cuando eso se puede contabilizar no les preocupa.
Ayer se votaron las tablas de valores catastrales de 120 de los 125 municipios, y aunque ya estaba pactado el voto a favor con el rechazo sólo de los diputados de Morena, algunos que buscan una candidatura en municipios no estuvieron presentes.
La morenista Claudia García, que busca ser presidente de Tonalá, y la morenista María Padilla, que busca la candidatura de Guadalajara, que en otras ocasiones están presentes ayer brillaron por su ausencia.
Lo mismo pasó con su coordinador parlamentario, José María Martínez, quien desde que se anunció al coordinador de los comités de Defensa de la Cuarta Transformación y no fue favorecido ha estado más ausente del edificio legislativo.
Y aunque el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Quirino Velázquez, estuvo por la mañana en el palacio legislativo, al final de la sesión se ausentó debido a que él ya tiene pactado su registro como candidato para la alcaldía de Tlajomulco para mañana, y seguramente anda distraído.
Y cuando se les pregunta si van a pedir licencia, inmediatamente señalan que no los obliga la ley, y que quizás lo hicieran cuando fueran candidatos, y obviamente que deben hacerlo porque sería incompatible.
Mientras tanto, usan los recursos del Congreso local para difundir sus actividades, revisar agenda y hacer mandados.
Especialistas políticos ya me han advertido la necesidad de limitar esta participación inequitativa contra quienes aspiran a los mismos cargos y no tienen esa ventaja.
Tampoco los obligan en otros entes públicos porque eso no está regulado y como muchos no quedarían en esos cargos, ven innecesario descuidar su actual trabajo; sin embargo, en los hechos está demostrado que sí se distraen.
La oportunidad de cambiar las leyes ya pasó y la voluntad política para retirarse previamente del cargo es nula y ni siquiera lo hacen el día en que se registran o anuncian sus aspiraciones.
Aquí la línea divisoria entre la actividad partidista electoral y la actividad pública es tan débil que de todos es sabido que se mezclan y a nadie le importa que esto ocurra.
Los mismos gobernantes advierten que más adelante habrá desbandadas de funcionarios que están buscando el mismo encargo, y aquí sí piden licencia porque forman parte de la administración pública y sus jefes los obligan, pero los que tienen cargos de elección popular se hacen oídos sordos y se miden con una vara diferente.
Ni siquiera sus institutos políticos les exigen este requisito porque sería meter en problemas a sus propios militantes, y por eso se hacen de la vista gorda. Al fin y al cabo son sólo unas semanas o días, y después todos olvidarán sus intenciones.
En el caso de los diputados también saben que vienen días importantes para analizar la Glosa del Quinto Informe de Gobierno estatal, aprobar el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos 2024 del gobierno estatal, las 125 leyes de ingresos de los municipios y los nombramientos de magistrados, y como hay mucho en juego para sus institutos políticos no se quieren ir y mucho menos dejar suplentes. Así que juegan en dos bandas con impunidad.
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jl/I