Ayer se cumplieron cuatro años del 5 de junio de 2020, cuando decenas de manifestantes fueron desaparecidos y torturados en medio de un operativo de la Fiscalía del Estado (FE) para disolver las protestas que exigían justicia tras el homicidio extrajudicial de Giovanni López en mayo de ese año a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos. A la par se cumplió un año de la instalación del antimonumento 5J en el Centro tapatío y su posterior retiro por parte de los gobiernos de Jalisco y de Guadalajara; sin embargo, a la fecha no hay justicia por las violaciones a derechos humanos de 2020 ni se sabe nada del 5J.
Ayer, en la glorieta de Las y Los Desaparecidos, los colectivos #5DeJunioMemoria y Luz de Esperanza en conjunto con el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) realizaron una proyección efímera del antimonumento y una serie de cortos audiovisuales que narran lo ocurrido hace cuatro años.
A la par dieron a conocer que por medio de un recurso de revisión, el gobierno de Guadalajara consiguió modificar la suspensión que habían conseguido los colectivos #5DeJunioMemoria y Luz de Esperanza en conjunto con el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).
La determinación original obligaba al gobierno de Guadalajara a reinstalar la estructura o respetar la decisión de los colectivos de instalar una nueva.
Sin un estudio técnico de por medio, el gobierno de Guadalajara alegó en el recurso de revisión ante los tribunales que el antimonumento era de riesgo por sus materiales para las personas peatonas que pasaran cerca de él.
Por lo tanto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió el 24 de abril de este año modificar la suspensión y ordenar a la Dirección de Inspección y Vigilancia de Guadalajara que reinstale el antimonumento 5J, pero reconstruido con otro tipo de materiales que no pongan en riesgo pasa la población. A la par le pidió que documente en formato digital la estructura y su significado.
Al respecto, Denisse Montiel Flores, codirectora del Cepad, mencionó que el recurso es un retroceso con respecto a la suspensión original, pues ahora las autoridades se escudarán en que necesitan hacer estudios para determinar el tipo de material a utilizar para que la estructura no represente riesgos para así alargar aún más su reinstalación.
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