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El derecho humano al agua sigue siendo una deuda pendiente en Jalisco, de acuerdo con la investigación Derecho humano al agua, comunidades y conflictos socioterritoriales en Jalisco, elaborada por el académico de la Universidad de la Guadalajara (UdeG) Francisco Jalomo Aguirre.
El texto recientemente publicado documenta el desabasto y la exclusión hídrica en Tlachichilco del Carmen, en Poncitlán, y Loma El Pedregal, en Zapopan, y cuestiona el modelo de desarrollo que prioriza el crecimiento urbano e industrial sobre los derechos de las comunidades.
Según lo documentado, en el primer poblado sus 437 habitantes disponían de agua potable apenas entre 15 y 60 minutos al día hasta 2019, aunque 58 por ciento de ellos recibía el servicio únicamente por media hora. Esta situación vulneraba la continuidad y cantidad mínimas establecidas por estándares internacionales, que recomiendan al menos 50 litros diarios por persona para cubrir necesidades básicas.
En Loma El Pedregal, añade el trabajo, las familias llevan más de dos décadas enfrentando el desabasto de agua. La señora Martha Morales, entrevistada en el estudio, relató que su familia debe gastar alrededor de 3 mil 360 pesos anuales para abastecerse mediante pipas, lo que representa un gasto considerable para hogares de bajos ingresos.
Aguirre destaca que en ambos casos la desigualdad en el acceso está relacionada con políticas públicas que han priorizado el consumo urbano-industrial por encima de las necesidades de las comunidades locales.
Ante la ausencia de una política pública, el autor propone una metodología para estudiar y evaluar su cumplimiento con base en siete dimensiones clave llamadas las “siete C”. La primera es cantidad, que se refiere a un suministro suficiente (mínimo 150 litros por persona por día); la segunda, continuidad, es decir, disponibilidad constante durante todo el año, y la tercera es calidad, aspecto que contempla agua libre de contaminantes y apta para consumo humano.
Las siguientes “C” son cobertura, costo justo, cultura-educación y conciencia.
El estudio cuestiona el modelo que trata al agua como un recurso de mercado, lo que ha llevado a su mercantilización, privatización y exclusión social. Frente a ello, propone entender el agua como un bien común, esencial para la vida y cuyo acceso no debe depender del dinero ni del lugar donde se vive.
Priorización
El estudio de Jalomo Aguirre expone que las políticas públicas priorizan el consumo urbano-industrial por encima de las necesidades de las comunidades locales.
jl/I