Reducción del número de regidurías, límites al presupuesto del Congreso, transparencia para candidaturas y paridad sustantiva forman parte de la reforma constitucional en materia político-electoral que fue avalada por la Comisión de Puntos Constitucionales y que volverá a ser sometida a votación del pleno tras un primer rechazo. 

Entre los principales cambios destaca la obligación de que quienes aspiren a cargos de elección popular presenten información patrimonial, fiscal, de intereses, jurídica, administrativa, médica y de confianza pública en versiones públicas y verificables, con el objetivo de fortalecer la transparencia y el voto informado.

La reforma también incorpora los principios de igualdad sustantiva y perspectiva de género en la postulación de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos, además de establecer que los partidos deberán garantizar la paridad y el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres libres de violencia.

La reforma armoniza la Constitución estatal con la federal. Entre ellos que los ayuntamientos se integren por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, modificando el esquema actual de representación municipal.

Otro apartado establece que la legislación secundaria deberá impulsar la representación político-electoral de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, bajo principios de equidad y no discriminación, con el objetivo de ampliar su acceso a cargos de representación popular.

En materia presupuestal, topa el gasto del Poder Legislativo al establecer que el presupuesto anual del Congreso no podrá exceder el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos del Estado. Prevé que dicho monto pueda actualizarse conforme a la inflación anual considerada en los criterios generales de política económica.

La propuesta también incorpora medidas de austeridad, entre ellas, prohíbe destinar recursos públicos a la contratación de seguros de gastos médicos mayores, de vida privados, pensiones especiales, seguros de separación individualizada, cajas de ahorro exclusivas, regímenes especiales de retiro y otras prestaciones que no estén expresamente previstas en la legislación aplicable.

El dictamen será turnado al pleno del Congreso para una nueva discusión y requerirá el respaldo de las dos terceras partes de los legisladores para su aprobación.
 

AL