La violencia contra las mujeres no puede minimizarse ni normalizarse. La batalla por lograr que tengamos una vida libre de violencias ha sido una de las más difíciles, pues no se trata solo de crear un andamiaje jurídico e institucional para garantizar ese derecho. El reto mayor es transformar una cultura patriarcal que valida un orden social misógino, en el que históricamente las mujeres fueron relegadas del espacio público y confinadas a la crianza y al cuidado del hogar.
El acoso que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum en un espacio público es una realidad cotidiana para las mujeres de México —y de muchas regiones del mundo—. La percepción inmediata es contundente: si eso le pasó a ella, ¿qué podemos esperar las mujeres que no ocupamos un cargo público ni contamos con resguardo de seguridad?
El problema no radica en la tardía reacción de su escolta, sino en el hecho de que ninguna mujer debería tener que enfrentar violencia mientras transita por el espacio público. Tan es así que, en la mayoría de los estados de la República el acoso callejero ya se encuentra tipificado como delito.
Hay suficientes estadísticas oficiales e investigaciones para demostrar que se trata de una realidad innegable. Sin embargo, me gustaría referir un ejercicio que realizo cuando participo en paneles o conversatorios dedicados a la prevención de las violencias contra las mujeres: suelo pedir a las presentes que levanten la mano si en algún momento de su vida han sufrido acoso callejero. En todas las ocasiones, el cien por ciento de las mujeres asistentes levanta la mano. Luego pido lo mismo a los hombres, y apenas dos o tres manos se alzan con timidez.
Podría narrar también las estrategias que me han compartido las alumnas para llegar seguras de casa a la escuela: usar una sudadera amplia con capucha para ocultar su cabello largo cuando salen a tomar el camión y aún está oscuro; salir con ropa deportiva y cambiarse en el plantel para poder usar la falda que realmente desean portar en días de calor. En más de una ocasión he tenido que pedir a alumnos que salgan a apoyar a una compañera que al dirigirse a la escuela es perseguida por un hombre al salir del tren o autobús. Incluso, la seguridad del plantel tuvo que intervenir para apoyar a una maestra a quien un grupo de hombres rodeó mientras le decían “piropos”, que antes eran normalizados y no se veían como un abuso verbal. Cuando termina la actividad escolar, las alumnas procuran caminar juntas hacia el transporte público para evitar situaciones de acoso.
La presidenta hizo lo correcto al presentar denuncia penal y anunciar una campaña para sensibilizar sobre el acoso callejero, además de proponer revisar la legislación en los estados que aún no lo tipifican como delito; ONU Mujeres se pronunció con claridad: “toda forma de acoso, hostigamiento o abuso es una violación de derechos humanos y un delito que debe ser denunciado, sancionado y erradicado”.
Además de la dimensión punitiva, se debe trabajar en la prevención y toma de conciencia, transformar la percepción de quienes aún se burlan o minimizan el acoso y seguir luchando por la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.
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