En 2018, Lisi Celis se separó de su esposo y comenzó una disputa por la custodia de sus hijos que derivó en uno de los casos legales más extensos del país. Según relata, aunque él perdió la custodia, en 2019 logró llevarse a los menores por primera vez, iniciando una batalla que hoy suma más de 300 procesos entre demandas y recursos, todos —asegura— a su favor. Sin embargo, desde 2023 su expareja volvió a sustraer a los niños sin que las autoridades hayan actuado para regresarlos con ella. Ante ello, Celis cofundó el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, convencida de que su historia representa la situación de miles de mujeres a quienes les han arrebatado a sus hijos.
Afirma que nunca perdió legalmente la custodia y que, en teoría, todas las autoridades de Jalisco están obligadas a restituirle a sus hijos, pero denuncia que el poder económico y político de su expareja ha frenado cualquier acción. Señala directamente al Poder Judicial del estado, al que califica como uno de los más deficientes del país, y acusa que la corrupción ha permitido que órdenes judiciales y resoluciones federales sean ignoradas.
Uno de los casos que más le preocupa es el de su hijo menor, Patricio, quien tiene fichas de búsqueda vigentes. En un proceso reciente, la jueza Sabrina Dueñas Aguirre —explica Celis— reactivó un peritaje de 2018 desestimado decenas de veces y consideró una carta manipulada atribuida al menor para revocar un amparo. Intentó reunirse con la jueza, pero no fue recibida.
Celis asegura que, aunque legalmente no han perdido, el desgaste emocional, económico y personal es enorme. Afirma que el gobierno estatal conoce el paradero de su hijo y no ha intervenido. “A Jalisco no le interesa actuar; arropan al agresor”, acusa, señalando que la violencia vicaria es también maltrato infantil y que las autoridades priorizan al que tiene dinero.
Relata que sus hijos fueron expuestos en redes sociales y sometidos a estrés emocional. “No podemos seguir jugando con las infancias”, afirma. Sostiene que muchas madres ni siquiera pueden denunciar y que la falta de acción estatal pone en riesgo la vida de mujeres y niños. Ante ello, advierte que, si no hay respuesta institucional, la movilización en las calles será inevitable.
