El senador del PAN, Gustavo Sánchez Vásquez, advirtió que la nueva Ley contra la Extorsión, recién aprobada en el Congreso, no será suficiente para reducir este delito si no existe una actuación firme y confiable por parte de las autoridades y que el principal obstáculo es la desconfianza de la ciudadanía.

Sánchez Vásquez explicó que, aunque la ley representa un avance, los mexicanos temen denunciar porque no perciben una respuesta efectiva del Estado. Recordó que en muchos casos la extorsión se agrava por la complicidad de autoridades, desde corporaciones municipales hasta instituciones federales.

El senador subrayó que, para que la ley funcione, el Gobierno deberá demostrar resultados inmediatos.

El panista reconoció que la extorsión se ha vuelto más compleja por su modalidad cibernética y a distancia, y porque muchas llamadas provienen incluso de reclusorios o estructuras infiltradas en alcaldías.

El legislador también criticó la falta de capacidad institucional y puso como ejemplo la reciente evaluación de 21 candidatos propuestos por la Presidencia para ocupar magistraturas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Fiscal. Calificó como patético que ninguno acreditara experiencia previa en la materia fiscal.

Sánchez Vásquez alertó que se trata de un tribunal que resolverá controversias entre ciudadanos y autoridades, desde auditorías del SAT hasta clausuras y embargos, por lo que resulta increíble que se designen perfiles sin la preparación necesaria. Señaló que existe un cuerpo de más de 250 secretarios proyectistas con décadas de experiencia que fueron ignorados, mientras que 19 de los 21 aspirantes trabajan actualmente en dependencias del gobierno federal y varios reconocieron ser militantes o ex candidatos de Morena.

El senador advirtió que el Poder Judicial y los tribunales autónomos están en riesgo de convertirse en oficinas del partido en el poder, lo que podría ahuyentar inversiones y agravar la inseguridad jurídica en el país.

GR