El incremento de la violencia de género refleja un escenario crítico que afecta a las mujeres en todos los ámbitos de la vida, manifestándose en diversas modalidades y agravándose por la reducción del espacio público. Este espacio, entendido como el conjunto de condiciones que permiten una participación segura y libre en la vida cívica, se ha visto restringido entre 2020 y 2025, especialmente para activistas, buscadoras y mujeres que participan en protestas feministas. Esta contracción ha generado un entorno de mayor vulnerabilidad para quienes denuncian y defienden derechos, explicó Natalia Rojas, integrante de Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) Jalisco.

Rojas señaló que, tan solo en lo que va del año, nueve defensoras y defensores de derechos humanos han sido asesinados, entre ellos cuatro mujeres, dos de ellas dedicadas a la defensa del territorio y a la búsqueda de personas desaparecidas, un dato que agrava aún más el panorama. Aseguró que en Jalisco no existen condiciones reales para que las mujeres participen de manera activa en la agenda política.

La situación se complica ante niveles de impunidad superiores al 90 por ciento. En materia de desapariciones, las cifras oficiales registran 1,797 casos, de los cuales 1,500 corresponden a mujeres y niñas. Sin embargo, solo el 27 por ciento cuenta con una denuncia formal, lo que evidencia barreras institucionales que dificultan el acceso a la justicia y una amplia cifra negra de casos no reportados.

En cuanto a los feminicidios, añadió que existe una subclasificación sistemática: solo el 20 por ciento de las muertes violentas de mujeres se reconocen como tales, y únicamente entre el 5 y el 8 por ciento alcanza una sentencia. Rojas afirmó que los centros de justicia para las mujeres en Jalisco no han funcionado adecuadamente por la ausencia de planes integrales y permanentes, además de una insuficiencia presupuestaria que impide atender la magnitud del problema.

La falta de estadísticas precisas, perfiles especializados y recursos eficaces refleja un incumplimiento de obligaciones institucionales. “No basta con asignar dinero; muchas veces se queda atrapado en la burocracia y no llega a garantizar justicia”, concluyó.

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