A través del artículo académico Protección de los derechos humanos frente al crimen organizado y el reclutamiento forzado en México: Un análisis desde la teoría del Derecho Penal del enemigo, publicado por la Ibero Puebla, el investigador Rubén Daniel Martínez Martínez analiza la falta de tipificación del reclutamiento forzado y sus consecuencias en el país.
En primer lugar señala que esta omisión del Estado mexicano deja en completa indefensión a las víctimas y sus familias.
“La investigación permitió demostrar que el actual marco jurídico es insuficiente para enfrentar esta amenaza. La falta de un tipo penal autónomo que sancione específicamente el reclutamiento forzado deja en la indefensión a las víctimas y fomenta la impunidad”.
Además, también provoca un vacío en las estadísticas que hace que sea imposible medir el problema y, por lo tanto, atenderlo con políticas públicas eficaces.
“Hasta ahora, no hay cifras oficiales claras de cuántos casos de reclutamiento forzado ocurren, dada la falta de tipo penal. Una vez tipificado y con fiscalía propia, se pueden llevar registros de denuncias, averiguaciones y sentencias por este delito. Esto ayudará a dimensionar el problema y evaluar la eficacia de las políticas implementadas”.
En revisión desglosa lo que ocurre en Jalisco, uno de los estados donde fue evidente el reclutamiento de personas tras el hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán. No tipificar como delito a esta práctica, apunta, permitió a las autoridades minimizar el problema.
“El Estado mismo ha intentado deslindarse de la responsabilidad en torno a este tipo de reclutamiento, amparándose en el discurso de que son los propios individuos quienes deciden abandonar al Estado para someterse voluntariamente al terror impuesto por el narcotráfico. Incluso el ex gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, minimizó el problema al referirse a este fenómeno como una ‘ausencia voluntaria’”.
Martínez Martínez añade en su investigación que los gobiernos buscan reducir el impacto mediático del tema, lo que es una de las causas de no tener una discusión sobre el reclutamiento forzado para su tipificación; sin embargo, recalca que hoy México está bajo escrutinio internacional por el tema.
“Es importante señalar que México y su gobierno, se encuentra bajo una evidente y creciente mirada internacional negativa. Incluso, diversas voces internacionales han comenzado a calificar a México como un narcoestado. Esta afirmación, lejos de ser una percepción aislada, refleja una preocupación global fundada en hechos concretos que evidencian el deterioro de nuestro Estado de derecho”.
Ante eso se llama a generar los mecanismos necesarios para su atención. La tipificación del delito puede ayudar a tener un monitoreo y propone a la vez crear fiscalías especializadas en el tema para perseguir esta práctica de forma separada y autónoma a otros delitos.
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