Las motocicletas se han convertido en Jalisco en un problema de seguridad, vial y de salud. En cuanto a seguridad, básicamente por dos razones: cada año aumenta el número de unidades robadas, de tal manera que, en promedio, diario cambian de dueño cerca de diez, y porque por su velocidad y el poco espacio que requieren para abrirse paso y circular entre el tráfico vehicular, son utilizadas para cometer diversos delitos, que van desde ejecuciones a tiros hasta despojos o en general atracos a plena luz del día. Tan es así que, en la creciente clasificación de los delincuentes, desde hace años se han incorporado al lenguaje de la nota roja los llamados motoladrones o motorratones. ¡Que vaya que pululan en el Área Metropolitana de Guadalajara!
También las motocicletas son parte de la problemática vial. ¿Se imagina en hilera a 28 mil 38 unidades aseguradas solamente el año pasado por la Secretaría de Seguridad del Estado? ¿Cuántos kilómetros abarcarían? Son motos que circulan sin placas, sin póliza de seguro, sin tarjeta de circulación vigente, y sus conductores carecen de licencia y casco certificado. Son suicidas en potencia. Además, el año pasado se reportaron 139 motociclistas muertos en accidentes viales en Jalisco, cifra superior a los más de 90 de 2024. Se estima que arriba de 800 resultaron lesionados.
No en balde, el pasado domingo 18 de enero, miles de ‘bikers’ viajaron a la cabecera municipal de Hostotipaquillo a encomendarse a Nuestra Señora o Virgen del Favor en su santuario y participar en la tradicional misa de bendición de cascos.
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Si de retrasos se trata, consultemos al Congreso del Estado. Y es que, aunado a la reforma sobre la elección e integración del Poder Judicial, están en plena “negociación” las leyes secundarias en materia de acceso a la información, o sea transparencia, y protección de datos personales. ¿Y qué los tiene atorados? No cómo avanzar en esos derechos, sino asuntos más mundanos: que el nuevo organismo de la Contraloría para asuntos del Ejecutivo estatal y ayuntamientos sea integrado por los diputados y diputadas (o sea, plazas a repartir), y que la Universidad de Guadalajara, aunque sea un OPD del Ejecutivo, sea considerada “autoridad garante”; esto implicaría que las autoridades universitarias, y no la Contraloría, resuelvan quejas sobre transparencia que los solicitantes interpongan.
Anotemos que, en el país, con el nuevo modelo de transparencia, se observa que en lo federal quedaron como “autoridades garantes” la UNAM y la UAM; y en las entidades, lo han hecho Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Tabasco y Veracruz. ¿Es regla y disposición establecida en la Constitución y Ley General de Transparencia? No. Así que todo puede suceder esta semana en que las y los diputados aseguran que, ahora sí, sacarán adelante las nuevas leyes. ¿Será?
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Entre que ayer se realizó otra manifestación contra el tarifazo (dícese del aumento desproporcionado a la tarifa del transporte urbano); que también ayer concluyó el plazo para recabar firmas a favor del plebiscito por dicho incremento, y que el gobierno del estado y MC siguen emprendiendo una campañota en redes y medios para convencer a los usuarios de las que asegura son súper bondades de la Tarjeta Única, esta historia… continuará...
GR
