La comparecencia de la titular del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), Patricia Martínez Barba, ante la Comisión de Gestión Metropolitana del Congreso de Jalisco se convirtió en un espacio de confrontación abierta no solo con diputadas, sino también con colectivos ciudadanos y académicos, quienes acusaron que la Encuesta de Satisfacción de Usuarios del Transporte Público (ESUTP) 2025 no refleja la realidad, presenta sesgos metodológicos y fue utilizada como insumo político para legitimar el aumento de la tarifa a 14 pesos.
La diputada de Futuro Tonantzin Cárdenas Méndez cuestionó la utilidad de contratar empresas externas para realizar estudios que no son vinculantes en la toma de decisiones –el Imeplan contrató a la encuestadora Kaliopeo para aplicar la ESUTP 2025–.
En respuesta, Patricia Martínez defendió la validez técnica del ejercicio al señalar que la encuesta cuenta con un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error de más-menos 4 por ciento. Además, aclaró que el estudio se limita a medir la percepción de calidad del servicio.
Por su parte, Adriana Olivares González, académica de la Universidad de Guadalajara (UdeG), advirtió que una encuesta puede ser manipulada mediante sesgos en la selección de rutas y en el número de entrevistas aplicadas. Criticó que el Imeplan no cuente con mecanismos propios para evaluar si la empresa contratada realizó correctamente el trabajo de campo y propuso implementar pruebas piloto para validar los instrumentos.
Desde la organización Bici Blanca, Sergio Balditp Parra señaló que la encuesta se ha convertido en el único insumo disponible ante la falta de datos operativos reales, como frecuencias de paso.
También cuestionó la desproporción del muestreo en la ESUTP 2025 al considerar que se aplicaron más encuestas en rutas federales que en las convencionales pese a que estas últimas concentran mayor flujo de usuarios. Incluso preguntó a la directora del Imeplan cuándo fue la última vez que utilizó transporte público.
Martínez Barba defendió que el instrumento aplicado es un cuestionario estructurado, por lo que no permite un análisis cualitativo más amplio sobre la experiencia de viaje.
Por su parte, Adonais González Lee, de Pasos Blancos, subrayó que la encuesta revela datos sensibles: el 53 por ciento de los usuarios del transporte público es mujer, muchas con brechas salariales, y que un 18 por ciento no percibe ingresos. También alertó sobre posibles sesgos climáticos al variar la percepción dependiendo de si la encuesta se levanta en temporada de calor o lluvias.
María del Carmen Barranco Martín, de Caminatorio, propuso evaluar de forma separada el transporte masivo y el colectivo, así como revisar la norma técnica de calidad para que la información permita auditar a los operadores.
En el cierre del ejercicio, Patricia Martínez rechazó señalamientos de sesgo político y aseguró que el trabajo del Imeplan es para los nueve alcaldes metropolitanos y el gobernador, sin distinciones partidistas.
jl/I
