Para lograr investigaciones criminales de calidad se requieren herramientas tecnológicas. Son altamente útiles para esclarecer delitos, abatir la impunidad y posibilitar que las víctimas accedan a la justicia. De ahí que la organización México Evalúa preguntó a las fiscalías estatales del país si contaban con 14 sistemas, herramientas o aplicaciones básicas para la investigación criminal, entre ellas sobre huellas digitales, cámaras corporales de policías, identificación facial, toma de denuncias, identificación de ADN, documentación de casos, identificación de armas, y desbloqueo y extracción de datos de celulares.
¿Resultado? La Fiscalía de Jalisco está en el sótano, comparada con el resto de fiscalías del país, en cuanto al uso de tecnología para investigaciones criminales. De las 14 referidas, apenas tiene dos. Y eso que la Fiscalía únicamente respondió 10 de 14 preguntas que planteó México Evalúa. Porque el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hizo como que la virgen le hablaba y no respondió a los restantes cuatro cuestionamientos. Total, Jalisco salió exhibido por su rezago tecnológico... que abona a la impunidad.
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La buena: el gobierno estatal destaca que en los primeros cuatro meses de 2026 se registraron en Jalisco 279 homicidios, lo que significa una reducción de 44.3 por ciento, comparado con 501 cometidos en el mismo periodo de 2025.
La mala: policías y ex policías continúan como partícipes en homicidios. Ayer, por ejemplo, Emma Yesenia Rubí, ex policía de Guadalajara, fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en un feminicidio. Y a una mujer y un hombre, señalado como elemento de la policía de El Salto, se les imputa su presunta participación en el homicidio de una mujer, en la colonia El Carmen, en Guadalajara.
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Resolver la crisis hídrica del Área Metropolitana de Guadalajara pasa por conservar el lago de Chapala, fuente del 62 por ciento del agua que se consume la sedienta urbe, y la participación de las comunidades de la región. Pues bien, en un foro e intercambio de experiencias de escuelas de campo de la Ciénega de Chapala, representantes de comunidades, organizaciones sociales, académicos, autoridades locales y ciudadanos solicitaron al Legislativo de Jalisco regular el uso de pesticidas de alta toxicidad para personas y/o peces, aves y plancton, que se usan actualmente con escasa regulación y vigilancia.
Y piden a los gobiernos municipales, estatal y federal fortalecer la protección legal y operativa del territorio, asignar recursos suficientes para la conservación, restauración y manejo sustentable, así como garantizar la aplicación efectiva de la normatividad ambiental. Esto, entre otros puntos.
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El reparto del pastel… que diga, de los subsidios a la tarifa social del pasaje, que entre 2023 y 2025 ascendieron a mil 800 mdp, entregados a 130 empresas concesionarias del transporte público, ¿cómo operan? Con discrecionalidad, poca transparencia y sin mecanismos de rendición de cuentas, advierte el secretario del Nuevo Observatorio de Movilidad, Gustavo Flores.
Dichos apoyos se han mantenido sin ajustes estructurales, convirtiéndose en “un cheque al portador” para los concesionarios, al no estar condicionados a mejoras concretas en el servicio. El subsidio no llega a los usuarios, sino a las empresas operadoras, lo que distorsiona el objetivo de apoyar a la población. El transporte público es menos un servicio y mucho más un negocio privado… gracias a nuestros impuestos.
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