En esta vecindad nos cuentan que, mientras cientos de familias en la Zona Metropolitana de Guadalajara hacen malabares con cubetas por los tandeos del Siapa vigentes desde el 15 de octubre, en el Congreso de Jalisco frenaron el ansiado descuento del 100 por ciento en los recibos del agua. El gobierno del estado ya había puesto sobre la mesa perdonar los cobros de octubre, noviembre y diciembre a las 627 colonias afectadas tras el cierre de compuertas en la Presa Las Pintas y las deficiencias de la Planta Potabilizadora 1, en Miravalle, pero la Comisión de Hacienda y Presupuestos simplemente no logró destrabar el acuerdo.
Dicen los que saben del teje y maneje legislativo que el diferendo fue porque otras bancadas quisieron estirar la cobija, pidiendo incluir más colonias y ampliar el plazo del beneficio. La diputada emecista Gabriela Cárdenas salió a explicar que el freno se debe a que todavía falta validar mucha información, además de recordar que el margen de tres meses obedece estrictamente a los alcances del periodo fiscal de este 2026.
Así que, por lo pronto, a los usuarios sin agua les toca seguir esperando a que los diputados cuadren sus cuentas. Cárdenas dejó abierta la puerta para discutir una ampliación el próximo año si las afectaciones continúan, aunque la novela apenas tendrá su siguiente capítulo la próxima semana, cuando la comisión vuelva a sentarse a revisar las peticiones de los partidos. Habrá que ver si para entonces le abren ahora sí la llave a los descuentos.
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Hasta aquí llegó el eco del informe que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco le entregó al Congreso del Estado, en cumplimiento del acuerdo legislativo 1118/LXIV-26, sobre las protestas del 11 y 18 de octubre por la calidad del agua. Resulta que el organismo salió a decir que, bajo la mirada de su personal, no hubo tortura ni tratos crueles o degradantes, por lo que ni siquiera se molestaron en solicitar el Protocolo de Estambul bajo el argumento de que faltaron evidencias.
Eso sí, en la defensoría no pudieron tapar el sol con un dedo y tuvieron que admitir que acumularon 25 quejas ciudadanas, además de abrir una investigación de oficio contra autoridades estatales y municipales por presunta represión, intimidación, detenciones arbitrarias y agresiones físicas. Vaya ironía la que documentaron afuera de Casa Jalisco el 11 de octubre, donde los manifestantes fueron a exigir un mejor servicio de agua y las corporaciones de seguridad les cumplieron el deseo dispersándolos con chorros de agua a presión y gas lacrimógeno.
Al final, para no cargar solos con el paquete del presunto uso excesivo de la fuerza pública, en la comisión prefirieron empacar el expediente de 526 hojas y siete anexos para mandárselo desde el 26 de octubre a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A ver si en la capital del país leen las mismas páginas con otros ojos o si el asunto termina sepultado por la burocracia.
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Nos enteramos de que el viernes 13 alrededor de las 13:45 horas Miguel Ángel Félix Gallardo, el llamado ‘Jefe de Jefes’, tuvo que salir de emergencia del penal de Puente Grande para ser trasladado a un hospital de la ciudad. A sus 80 años, al fundador del ‘Cártel de Guadalajara’ le falló el aire. La Coordinación Médica de la Comisaría de Sentenciados le detectó baja oxigenación, desorientación y alteración en su estado de conciencia.
El sinaloense empezó como policía judicial para después coordinar el tráfico de marihuana en los años ochenta y convertirse en el fundador del extinto cártel. Fue detenido en 1989 y pesan sobre él dos sentencias: 40 años por armas y cocaína, más 37 por el homicidio del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena.
BG/I
