El presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), delegado en Jalisco, Diego Bolio, denunció presuntas irregularidades en la entrega de permisos para grúas por parte de la Secretaría de Transporte del estado y aseguró que la dependencia incumplió las observaciones realizadas por la Contraloría.
El delegado explicó que la denuncia presentada por los transportistas surgió luego de que participaron en la elaboración del reglamento de grúas y de la norma técnica que debía regular el otorgamiento de autorizaciones de manera transparente. Sin embargo, posteriormente fueron excluidos del proceso y los permisos terminaron entregándose a empresas y vehículos que no cumplían con los requisitos establecidos.
El dirigente señaló que históricamente el servicio de grúas ha operado en un entorno de opacidad y aseguró que uno de los objetivos de la nueva regulación era garantizar que las empresas contaran con domicilio verificable, depósitos autorizados y unidades en condiciones adecuadas para prestar el servicio.
Según detalló, la norma técnica establecía que las grúas debían cumplir con determinados años, modelo y condiciones mecánicas, aunque se otorgó un plazo de tres años para regularizar a quienes ya contaban con autorizaciones previas. No obstante, denunció que se entregaron permisos incluso a vehículos sin placas o con placas particulares.
Diego Bolio afirmó que la Contraloría del Estado de Jalisco encontró inconsistencias e irregularidades tras la denuncia presentada, por lo que pidió que las investigaciones no queden archivadas y que, en caso de detectarse responsabilidades, se dé vista a instancias como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
El representante transportista sostuvo que algunas irregularidades quedaron evidenciadas en la propia página oficial de la SETRAN, donde aparecían datos de unidades que incumplían con los requisitos de antigüedad y, posteriormente, esa información fue modificada o eliminada.
El delegado en Jalisco también denunció que continúan prácticas de corrupción y abuso contra ciudadanos en los operativos de retiro de vehículos mal estacionados. Explicó que en algunos casos los automovilistas son interceptados antes de que sus vehículos lleguen a depósitos oficiales y se les exigen pagos elevados para evitar multas o arrastres.
Afirmó que estas prácticas involucran a malos elementos de la Policía Vial y a operadores o empresarios de grúas que actúan en contubernio para obtener cobros indebidos.
El dirigente indicó que los transportistas continuarán utilizando las vías legales e institucionales para exigir transparencia y legalidad en la operación de las grúas y depósitos vehiculares. No descartó que, en caso de no obtener respuesta de las autoridades, recurran a otros mecanismos de presión social y pública.
Finalmente, Diego Bolio aseguró que integrantes del recién creado Observatorio Ciudadano de Movilidad continuarán señalando problemáticas relacionadas con movilidad, transporte y servicios públicos, con el objetivo de visibilizar afectaciones que enfrentan diariamente los ciudadanos en Jalisco.
GR
